por Mariano Suárez

Javier De Luca usa un lenguaje directo. Bromea, apela a analogías futboleras para explicar sus conceptos, chicanea a sus colegas. Parece raro que así, con ese idioma llano, se refiera a los proyectos enviados por el Gobierno para reformar la Justicia. De Luca es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal e integra el colectivo Justicia Legítima, conformado por abogados y funcionarios de la justicia de todo el país. Este grupo surgió para rechazar lo que llaman “corporación judicial”.

“Salimos como reacción a ciertas manifestaciones de lo que consideramos lo más retrogrado de lo que se suele llamar la corporación judicial. Esto sale a la luz con motivo de las medidas cautelares sobre la Ley de Medios y comunicados que publican algunos magistrados que a nosotros nos parecieron un poco hipócritas. Salieron a hablar de independencia de la Justicia y nos pareció una farsa, una impostura”, cuenta minutos antes de dar una charla en la facultad de Derecho de Mar del Plata sobre la criminalización de las protestas sociales.

De Luca señala que ellos no tuvieron injerencia en los proyectos del gobierno que buscan “democratizar la Justicia”. Apenas fueron invitados una vez por el ministro de Justicia Julio Alak para que den su opinión. Para el fiscal, a diferencia de lo que se habla por estos días, los proyectos son un “primer paso” que inicia un “proceso de modernización”.

-¿Qué opina de los proyectos?

-Lo que salió es algo que nosotros consideramos un primer paso, muy inicial. Tiende a comenzar a generar procesos de modernización y acomodamiento de distintos estratos de la Justicia, de desburocratización. Le da una pátina de republicanismo, de democratización, de participación ciudadana. Pero esto recién empieza.

-¿Qué no le gusta?

-Nosotros no estamos de acuerdo con la marcha atrás que dio el proyecto inicial sobre que la administración del presupuesto en el ámbito nacional se mantenga en la Corte cuando la Constitución expresamente dice que tiene que estar en manos del Consejo de la Magistratura. Si el modelo que tiene el Consejo de la Magistratura es mejor o peor que el de la Corte no lo sé, pero sé que lo dice la Constitución. Es una discusión que se dio en el 94 no ahora. Yo no lo puedo volver a discutir ahora.

-¿Por qué cree que generaron tal reacción?

-Lo que advierto desde el punto de vista sociológico es que algún nervio debe haber tocado porque la reacción de los sectores que no quieren que se cambie nada, que están cómodos y no advierten ningún problema en todo esto, es desmedida, un disparate.

Nosotros nos quedamos en una situación expectante. Nosotros tenemos una propuesta de alta política de Estado, no de confrontación cara a cara. Al contrario, queremos hacer una mesa lo más grande posible. Pero si vamos a discutir si tiene que haber o no participación ciudadana en un organismo público como lo manda el pacto de San José de Costa Rica… Yo ya no puedo discutir eso: es democracia contra aristocracia. No existe más la aristocracia en la Argentina, ese modelo se terminó.

Podemos sentarnos a discutir un montón de cosas. Cómo se hace una elección popular de consejeros de la Magistratura, cómo se logra que una medida cautelar no sirva a los intereses de los más poderosos, sino que sirva a los de los más vulnerables. Ahora, eso en la práctica no va a lograr que un juez que tenga determinada ideología resuelva de una manera o de la otra. Lo vienen haciendo y lo seguirán haciendo.

-¿Esta reforma no modifica eso?

-Muy poco. Las declaraciones juradas ya las publicamos. Saben hasta los clanzoncillos que tenemos, salvo que estemos por izquierda. El ingreso a los tribunales por concurso: yo me he pasado la vida concursando. Hay gente que por el tema de los concursos está molesta porque dice que no puede nombrar a empleados o funcionarios de confianza. No entiendo cuál es el concepto de la palabra confianza. ¿Qué quiere decir? Un muchacho de la banda o un profesional técnico con el que entablo una relación laboral. ¿Por qué tengo que conocer de antemano o designar a un empleado? Este es un modelo que no va más. Hace 30 años el derecho procesal civil y el penal proponen que los jueces no tengan empleados. Que los empleados sean del Poder Judicial, que ellos lleguen a un lugar a resolver un caso y se encuentren con una unidad administrativa que no dependa de él. Los profesores de gestión judicial ya lo tienen resuelto el tema.

-Habló de una reacción desmedida. Las principales críticas fueron por las medidas cautelares y los cambios en el consejo de la magistratura. ¿Está de acuerdo?

-Lo del Consejo de la Magistratura es por ver quién maneja la caja. Este es el problema neurálgico: quién maneja la administración y el presupuesto.

Y en el tema de las medidas cautelares es porque piensan que se le va a sacar a los jueces alguna potestad de dictar medidas cautelares cuando él considere que se está produciendo un daño por la lesión de un derecho constitucional que merece urgencia en su tratamiento o resolución. Esto sorprende bastante. Primero porque se confunde la medida cautelar con el derecho de amparo. Segundo porque el derecho de amparo nació sin ley en la Argentina. En la década del 60 la Corte inventó el amparo por dos casos, sin ley. En tercer lugar porque no hay ley que regule las medidas cautelares en el ámbito federal. Aplican el Código Civil y Comercial. Las medidas cautelares de derecho público y administrativo no tienen legislación específica. Y en cuarto lugar porque si hay alguna situación de urgencia o injusticia evidente, no hay ningún juez al que una ley le impida aplicar una medida cautelar. La puede aplicar igual. Se resuelve que una medida cautelar no puede durar más de seis meses, pero supongamos que la situación que la generó persiste. El juez va a decir “muérase porque la ley dice esto”. Es un disparate, primero está la Constitución.

Cuando no existía el derecho cautelar no había manifestaciones de abogados y de jueces, que se tiraban reclamando “cautelares o muerte”. Imagínese que toda la gente estuviera con prisión preventiva y no hubiera más condenas: eso es derecho cautelar.

-¿Cree que faltó participación en la elaboración de los proyectos?

-Creo que los proyectos fueron demasiado rápidos. Esto tiene una explicación pero no una justificación. La explicación es que no es la primera vez que la oposición no ofrece debate. Se oponen a libro cerrado. Entonces, todo pierde categoría. La discusión es de psicología de peluquería. “Ella o yo” “Ella o él” “Nos manda estos proyectos para tal cosa”. No sé cómo hacen para entender el móvil del conjunto de personas que proyectó eso, en lugar de sentarse y discutir. A mi me encantaría que hubiera una oposición que me representara. Tiene que haber una oposición que nos represente a todos, sino no sale un producto bien elaborado. Se hicieron modificaciones entre gallos y medianoche porque había problemas.

-¿Le hubiese gustado que estos proyectos tuvieran una maduración y un trabajo extenso como pasó con la ley de medios?

-El Poder Ejecutivo también aprende. La Ley de Medios se trabajó durante varios años, en distintas comisiones, tuvo a la mayoría de acuerdo y tres jueces la pararon. ¿Dónde estuvieron esos tres jueces todo el tiempo que se debatió? Ese es el problema. Ahora, yo hago psicología del poder Ejecutivo: “Si nos pasa esto cuando nos sentamos a debatir, ahora si tengo mayoría lo mando y si quieren discutir, que discutan en la plaza”. Esa es la consecuencia. En 30 años ustedes tal vez podrán ver un país donde se discutan las cosas en serio, pero ahora las cosas hay que hacerlas un poco a la fuerza porque el otro no se presta a ceder cuando el otro tiene razón o tiene mayoría.

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