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Este jueves, en el marco de una nueva sesión pública ordinaria, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobará un proyecto de resolución con el objetivo de manifestar su profundo repudio y rechazo a la reciente agresión que sufriera la Defensora del Pueblo Adjunta, Mónica Felices. “No podemos admitir como ciudadanos mensajes de tipo mafioso hacia aquellos que tienen por misión ejercer el contralor de los funcionarios públicos, o quienes simplemente denuncien actos de corrupción” dice parte del texto y agrega “corresponde a este Honorable Cuerpo mostrar lógica preocupación por el posible intento de silenciar a quién ha promovido denuncias contra actos de corrupción dentro de la administración central o entes descentralizados”.
El edil del URI, Julio Lobato, fue el autor del proyecto. En declaraciones a 0223.com.ar, el concejal remarcó que “debemos asumir el firme compromiso de combatir la corrupción y promover las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la Administración Pública, por ello no podemos admitir que quienes sean los encargados de controlarla sufran amenazas de ningún tipo”.
AMENAZA COBARDE
Tal como informó 0223.com.ar, este martes en horas de la tarde, un individuo con un arma amenazó a la Defensora del Pueblo Adjunta, Mónica Felices.
El hecho ocurrió cuando la funcionaria se desplazaba con su vehículo en la intersección de las calles Yrigoyen y Almafuerte, y otro auto de color oscuro se le puso a la par y la encerró. Inmediatamente, una persona de sexo masculino con gorro le apuntó con un arma; ante esto Felices se inclinó para resguardarse. Segundos después, sin decir palabras, el sujeto se retiró del lugar.
La denuncia fue formulada en la comisaría 2° y la investigación del hecho se encuentra a cargo de la fiscalía que encabeza el Dr. Pagella. Felices tiene custodia policial permanente en su domicilio particular.
Cabe recordar, que la Defensora denunció varios hechos de corrupción que involucran a la gestión Katz. Entre ellos, el denominado recientemente caso EMDERGATE.
Por esta causa judicial, la Fiscalía de Delitos Económicos, que preside el Dr. Pablo Poggetto, investiga una defraudación al erario público que rondaría los 2 millones de pesos.
Funcionarios del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y la empresa Progress S.R.L estarían involucrados por supuestas irregularidades en las contrataciones del servicio de limpieza.
La semana pasada, el fiscal amplió la pesquisa hacia la administración central de la Comuna., donde la firma investigaba también realizaba el servicio.
En las próximas horas, serían procesados tres funcionarios y un proveedor.
En declaraciones a 0223.com.ar, Felices puntualizó que esta amenaza “es por la causa del EMDER y es un mensaje mafioso”.
Y aseveró “no tengo dudas que hay corrupción en este tema y quizás más de lo que pensaba”.
Por último, la Defensora manifestó que “esto me da más fuerza para seguir”.
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