Hooft y el arte de eludir a la Justicia

El suspendido juez Hooft, la única vez que acudió a un tribunal durante 2013. Foto: 0223.

30 de Diciembre de 2013 20:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

El 2013 no fue para el juez marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft el mejor año de su vida. Tras haber sido denunciado en 2006 por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura, en marzo de este año fue suspendido en sus funciones por un jurado de enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

Esa medida, adoptada por unanimidad, significó un gran avance para la lucha que llevan adelante las víctimas del terrorismo de estado que, tras haber logrado que se juzgara y condenara a gran parte de los militares involucrados en la detención ilegal, muerte y desaparición de miles de personas, comenzaron a pedir el juzgamiento de los civiles involucrados en esos crímenes imprescriptibles.

Sin embargo, las numerosas maniobras dilatorias a las que apeló la defensa de Hooft -encabezada por su propio hijo- impidieron que el juez prestara declaración indagatoria y explicara cuál fue su rol, por ejemplo, durante la denominada “Noche de las Corbatas”, un raid de secuestros que terminó con la vida de cinco abogados laboralistas y que se produjo mientras él se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional de esta ciudad.

Si bien fue citado a declarar al menos cuatro veces a lo largo del 2013, en todas las oportunidades recusó a los jueces y a los fiscales que llevaban adelante su causa. Inclusive, en septiembre, al ser convocado por la Cámara Federal de Apelaciones local, pidió el apartamiento del fiscal Horacio Azzolín -había asumido unos meses antes- y hasta del titular de de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, Jorge Auat. Esa fue la única vez que Hooft estuvo presente en una dependencia judicial.

A pesar de que la mayoría de los cuestionamientos de la defensa fueron rechazados en instancias superiores, aún quedan algunos pendientes de resolución.

La batalla del juez suspendido excedió el plano de lo judicial y tuvo algunos episodios en los medios de comunicación: a través de una solicitada publicada en el diario La Capital, 14 jueces, 12 fiscales, 9 defensores oficiales y 5 exmagistrados dieron fe de su inocencia y lo desvincularon de las acusaciones.

Además, los defensores de Hooft dieron a conocer una grabación en la que el fiscal Claudio Kishimoto reconocía que la investigación en contra del juez no tenía fundamentos y eso le valió la separación de la causa, dispuesta por la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

En ese marco también consiguió el respaldo público de Julio César Strassera, el fiscal del Juicio a las Juntas.