¿El congelamiento puede reducir la inflación?

Por Matías Carugati *

La inflación es más que una sensación y eso se refleja en diversas encuestas de opinión pública. Se muestra crudamente, mes a mes, cuando el Congreso Nacional anuncia el promedio de estimaciones realizadas por organizaciones privadas, que no pueden difundirse abiertamente por temor a sanciones. 

Hace algunos días se conoció que la inflación arrancó el 2013 tal como terminó el 2012: con más aceleración. En concreto, los precios aumentaron un 26% anual durante el primer mes del año, acelerándose por onceavo mes consecutivo y marcando el peor enero desde 2003, tras el impacto de la devaluación que siguió a la caída de la Convertibilidad.

En un novedoso y rescatable cambio de postura, el Gobierno reconoce este problema y ha tomado algunas medidas para resolverlo. El tratamiento oficial parte de un diagnóstico propio, según el cual la inflación se debe a la suba de los precios internacionales de los alimentos, problemas de oferta (insuficiencia de inversión y concentración de mercados) y una renovada puja distributiva.

Respecto a la inflación importada, poco puede hacerse más que sostener las retenciones, reducir los impuestos (como la reciente baja del IVA de los alimentos en Brasil) y, a modo de paliativo temporal, acordar un efectivo congelamiento de precios en comercios. 

En cuanto a los problemas de oferta, el Gobierno intenta resolverlos mediante políticas a mediano/largo plazo, como los créditos del Bicentenario o el direccionamiento de préstamos a inversiones productivas (con particular acento sobre las PyMEs). 

Se entiende entonces que, con la mirada fija en el corto plazo por cuestiones electorales, el foco de atención se haya puesto sobre la puja entre precios y salarios, que genera una perniciosa inercia inflacionaria al incorporar dentro del comportamiento de empresarios y trabajadores elevadas expectativas de inflación.

La clave para cortar con la puja y frenar la inercia inflacionaria consiste en moderar las expectativas futuras. El Gobierno ha atacado el problema mediante un control de precios en supermercados y cadenas de electrodomésticos por 60 días que, además del impacto directo sobre la inflación minorista, debería llevar a una moderación en las negociaciones sindicales, concentradas en los próximos meses. Reforzando esta línea de acción, y para lograr una pauta salarial con aumentos en torno al 20%, el Gobierno presiona a los sindicatos afines, decreta aumentos unilateralmente (como en el caso de los docentes nacionales, con rechazo de los gremios) y amenaza con no homologar acuerdos superiores a la meta pautada. 

En paralelo, el BCRA redujo el ritmo de devaluación del dólar oficial (pasó de 23% anualizado a 14% en apenas un mes), lo que, por lo menos, no alimenta aún más las expectativas inflacionarias.

Aunque aún pueden ser subsanadas, el plan del Gobierno adolece de varias fallas de implementación que dificultan la coordinación de expectativas, como son el grado de cobertura (únicamente sobre el último eslabón de la cadena de valor, excluyendo a los proveedores) y su extensión temporal (acotada, hasta ahora, a 60 días).

Asimismo, la coordinación de expectativas falla porque los controles no se muestran efectivos. Al margen de lo que sucede con los precios, el Gobierno no ha logrado moderar las demandas salariales, en un contexto agravado por la fractura sindical y con un proceso electoral en ciernes, donde todos los actores presionan por beneficios.

Este punto no es trivial, puesto que un congelamiento de precios sin control de salarios no tiene posibilidades serias de salir adelante exitosamente en un marco de rentabilidad reducida por la persistente inflación. Todos los agentes económicos entienden esta dinámica y actúan en consecuencia, manteniendo inalteradas sus (elevadas) expectativas de inflación a futuro.

La historia argentina, rica en planes anti-inflacionarios, nos enseña que los controles son una condición necesaria pero no suficiente para reducir la inflación. Al haberse reincorporado la indexación (hacia atrás) en el comportamiento de los agentes económicos, un congelamiento efectivo puede inducir cambios en las expectativas futuras, sobre todo si se explicitan formalmente en un acuerdo entre empresas, sindicatos y Gobierno. 

Sin embargo, la evidencia empírica también muestra que, pasado algún tiempo, el éxito inicial de los controles en los planes de estabilización fue erosionándose por inconsistencias en el resto de la política económica para lograr una inflación baja y estable.

En el caso actual, la falla fundamental, que jaquea todo intento de moderar la carrera de los precios, radica en el diagnóstico oficial: se desconoce el impacto de la política económica, de marcado sesgo expansivo, sobre la inflación. Por ello, consideramos que durante la vigencia del congelamiento de precios (que podría extenderse más allá de 60 días) deberíamos ver cierto impacto sobre la inflación. Pero, en tanto no sea acompañada con otras medidas tendientes a frenar la inercia causada por la puja distributiva (acuerdo de salarios) y a corregir las causas de fondo que operan sobre el proceso inflacionario en general (como la monetización del déficit fiscal), no deberíamos esperar un impacto duradero.

* Economista Jefe de Management & fit