Cámaras de seguridad: la Justicia pidió documentación al HCD

A través de un oficio, el fiscal de Delitos Económicos, David Bruna, le requirió este martes al  Concejo Deliberante que informe si se han iniciado expedientes o presentaciones en relación a la licitación pública nº 22/13 referida a la contratación del servicio de 1000 cámaras de seguridad para el sistema de video vigilancia urbana municipal.

La intervención del fiscal se da en el marco de la IPP Nº 18848 caratulada “Pettigiani, Juan Manuel s/denuncia”.  Tal como reveló 0223, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Juan Manuel Pettigiani, le pidió a la Justicia bonaerense que investigue la posible comisión de ilícitos en la licitación que realizó el municipio para adquirir el servicio de 1.000 cámaras de seguridad por un monto que supera los 100 millones de pesos.  

En el texto, al cual este diario digital tuvo acceso, Pettigiani detalló que el 28 de enero de este año “la empresa ZTE presentó una nota ante la Dirección General de Contrataciones –firmada por su Director Comercial,  Javier López Bustamante, -solicitando la extensión de la fecha de apertura y compra del pliego por 30 días más atento que los tiempos fijados no le permitían elaborar una propuesta óptima para el municipio. Misma medida solicitó la empresa Telefónica Ingeniería SA el 31 de enero. “Sin embargo, solo dos empresas adquirieron el pliego de condiciones y se presentaron a la licitación. Ellas fueron Global View SA y Dinatech SA. Es decir, de todas las empresas supuestamente invitadas por la propia Municipalidad, sólo una de ellas adquirió el pliego y se presentó a licitación –Global View-. Dinatech no figura entre las invitaciones cursadas y obrantes en el expediente”, añadió el fiscal.

Por su parte, la Comisión Asesora de Adjudicación de la licitación se refirió a la “imposibilidad” de cotejar el precio con otros presupuestos elaborados para otros municipios por motivos poblacionales, geográficos y climáticos, concluyendo que "se tornaba imposible emitir una opinión fundada sobre la conveniencia económica de las propuestas presentadas”, ordenando “remitir la propuesta a las áreas correspondientes del municipio a los efectos de evaluar una posible adjudicación o un nuevo llamado a Licitación Pública”; ello sin perjuicio de declarar que las propuestas presentadas resultaban válidas en cuánto cumplimiento de requisitos  emergentes del Pliego de Bases y Condiciones Aplicables.

Mientras que la Dirección General de Contrataciones elevó las actuaciones al Secretaría de Economía y Hacienda municipal a los efectos de que emita opinión sobre la razonabilidad y conveniencia económica de la oferta de Global View SA para cumplir la finalidad pública perseguida. La mencionada empresa era  la ofertante con la cotización más baja, más allá de que superaba en un 12% el presupuesto oficial.

El secretario de Economía de municipio, Daniel Pérez, expresó que “la variación incremental de la propuesta de la firma Global View resultaba razonable, teniendo en cuenta que el Informe de Telefónica que sustento el presupuesto oficial inicial, databa del 12 de diciembre de 2013 y que la variación del dólar desde aquella fecha al 7 de mayo de 2014, el costo por cámara y la forma de cálculo incrementaban el costo del presupuesto oficial en $26.847.146". Ante este panorama, el funcionario de Gustavo Pulti dio el visto bueno para la adjudicación de la licitación a la firma antes mencionada.  Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de un segundo llamado a licitación  atento que “las propuestas económicas que eventualmente se presentasen serian de un costo mayor al aportado por las empresas en esta oportunidad”. 

Finalmente, teniendo en cuenta los diferentes informes, el Secretario de Economía y Hacienda resolvió en fecha 21 de mayo de 2014 aprobar la Licitación Pública 22/2013; adjudicando a la Empresa Global View la licitación pública por un monto total de $111.270.300.

Pettigiani consideró que “el análisis del expediente muestra serias inconsistencias en el marco de cierta ligereza por concretar una licitación que resultaría incompatible tanto con el marco legal vigente, como así también con la naturaleza de la contratación en trámite y, además, por tratarse de una de las contrataciones más importantes, en términos presupuestarios, de la historia del municipio”.

En la documentación, el fiscal detalló que “se observa que para el día 12 de diciembre de 2013, fecha en la cual Telefónica Ingeniería S.A, elaborara su informe que al Secretario de Hacienda Daniel Hugo Pérez, le sirviera de base para establecer el valor de contratación, tanto la solicitud de pedido así como los pliegos de condiciones ya se encontraban elaborados. Entonces, el valor se establece de antemano, sin fundamentar el mismo en el expediente y utilizando el informe de Telefónica como aparente sustento para permitir la estimación del presupuesto oficial fijado”.  

“Esto se concluye fundado en que, en ningún lugar del expediente, surge pedido alguno por parte del municipio a Telefónica Ingeniería SA para la elaboración de un proyecto de instalación de cámaras de seguridad con estimación de precio. ¿Por qué Telefónica habría de elevar un informe de dichas características a un Municipio sin que ello fuera requerido?”, añadió Pettigiani y subrayó: “La municipalidad solicitó ayuda a Telefónica, tomó en cuenta sus consejos de reducir los puntos de colocación de Cámaras, usó sus valores para establecer los precios de contratación, a pesar de tratarse de un punto de partida unilateral, superficial e incompleto y sin embargo, no se la convocó a presentarse a la licitación”.

En ese contexto, el fiscal resaltó que “se refuerza la hipótesis en torno a que se utilizó el precio fijado por Telefónica para justificar el monto establecido de antemano para la contratación por la Municipalidad, sin fundamento alguno, violando lo establecido en el artículo 107 de la LOM que establece que la administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo y dispara la responsabilidad prevista en el artículo 241 del mismo Digesto”.

A renglón seguido, puntualizó que “las observaciones efectuadas por los distintos departamentos y que tendían a modificar algunas condiciones de los pliegos, se refieren únicamente a cuestiones formales y administrativas, ya que en ninguna de ellas se emite opinión en relación al valor y equipamiento necesario para la implementación del sistema. Las dos propuestas presentadas en la licitación pública cotizaron un precio mayor al presupuesto oficial mencionado en el artículo 74 del pliego de bases y condiciones. Sin embargo ello no fue óbice para adjudicar la misma a Global View, quien más allá de resultar la propuesta de menor precio, superaba en un 12% en presupuesto oficial”.

“La adjudicación a dicha firma, que implicaba elevar el presupuesto oficial, se justificó en las variaciones del mercado producto de la inflación y la realidad del país en relación al valor del dólar. Se reforzó el argumento con los precios informados por Telefónica en diciembre del año anterior, si bien en la misma solo se informaba un costo estimado por cámara de 430 USD más IVA mensual (plazo de 36 meses), sin indicar tipo (domo o fija) ni modelo de cámara.  Se descartó la posibilidad de un segundo llamado a licitación en razón de que el mismo demandaría un presupuesto más alto, atento que las eventuales nuevas propuestas actualizarían los valores informados por las empresas Global View y Dinatech”, sostuvo el fiscal.

Para finalizar, Pettigiani explicó que “todo lo dicho refuerza la hipótesis en torno a la posible comisión de ilícitos relacionados con la licitación para la adquisición de cámaras de seguridad a instalarse en la ciudad de Mar del Plata, en razón del precio que se prevé pagar por las mismas y/o con la posible manipulación dolosa del proceso licitatorio abierto para la compra e instalación de las mismas”.