Carlos Blas Casuccio se negó a declarar y le dieron arresto domiciliario

Tras ser detenido, Casuccio fue trasladado al Juzgado Federal. Foto: Marcelo Núñez.

16 de Abril de 2014 09:30

Por Redacción 0223

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Cuando le llegó la hora de declarar frente a la justicia federal, que le imputa participación en los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1980 contra más de 100 militantes políticos, Carlos Blas Casuccio dijo estar enfermo, imposibilitado de viajar a Buenos Aires por su edad y afección.

Y hasta este miércoles por la mañana, esa argumentación le sirvió al hombre retirado del Ejército para no prestar indagatoria y permanecer, tranquilo, en su casa marplatense.

Sin embargo, alrededor de las 7, un cuerpo de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpió en su domicilio de Don Bosco y Bolívar y lo detuvo. Quedó a disposición del juez federal Alejandro Castellanos. 

El detenido se negó a declarar ante el magistrado quien le concedió el beneficio de arresto domiciliario.

El proceso penal que se le sigue a Casuccio recae también contra otras 12 personas, todas vinculadas a las Fuerzas Armadas. La causa en la que debe declarar este efectivo retirado investiga delitos de lesa humanidad cometidos entre agosto de 1979 y septiembre de 1980 contra militantes que llegaron del exterior para generar acciones tendientes a poner fin al régimen militar.

Las indagatorias, a cargo de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, comenzaron el 19 de febrero. El primero en declarar fue Roberto Dambrosi, quien fue detenido con prisión domiciliaria por orden de la magistrada, y lo mismo ocurrió con los que continuaron declarando: Alfredo Carpani Costa y Raúl Guillermo Muñoz.

Como se explica en Télam, “la causa se encuentra en etapa de instrucción y los familiares, querellantes, comisiones de derechos humanos y sobrevivientes que participan activamente en la investigación, reclaman que la imputación se amplíe a `todos los estratos de las fuerzas militares que tuvieron responsabilidad en  secuestros, tormentos, robos, asesinatos y desapariciones´, que según la reconstrucción de los hechos alcanza a unos ochenta represores”.

De acuerdo con esa investigación, los responsables pertenecerían al Estado Mayor del Ejército, la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, el Batallón 601 de Inteligencia, el destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo y el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

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