Exigirán cámaras en centros comerciales, boliches y estaciones de servicio

A través de un proyecto de ordenanza, el gobierno de Gustavo Pulti impulsa la creación del  “Programa de Expansión del Sistema Municipal de Videovigilancia” que tiene el objeto de incorporar determinados sujetos privados al monitoreo por cámaras de seguridad que actualmente realiza la Comuna de General Pueyrredon. La iniciativa fue presentada este jueves ante el Concejo Deliberante.

En forma obligatoria, según se refleja en el expediente, tendrán que colocar cámaras de seguridad las grandes superficies comerciales, las estaciones de servicios, las casas de cambio, los bancos,  los centros de compras y servicios con una superficie superior a los 1.800 m2; y los establecimientos de expansión nocturna.  Los dispositivos serán incorporados al sistema municipal de vigilancia.

Además, podrán participar de este programa aquellos particulares, vecinos o comerciantes que deseen instalar videocámaras de seguridad hacia la vía pública compatibles tecnológicamente con las especificaciones requeridas por el Centro de Operaciones y  Monitoreo de la Comuna. 

En la documentación, se resaltó que “esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas de planificación urbana que viene desarrollando el Municipio para contribuir y colaborar con la seguridad comunitaria. Particularmente, en relación a las videocámaras instaladas en la vía pública, muchas ciudades y variadas experiencias han demostrado la necesidad y utilidad de las mismas para evitar la consumación de hechos delictivos”. 

Desde el Ejecutivo local se añadió que “también han sido de utilidad para controlar determinados rubros comerciales que pueden afectar a la tranquilidad de vecinos en sus cercanías, así como la preservación y armonía de los espacios públicos”. En ese sentido, se destacó que “es intención poder sumar a este gran esfuerzo que realiza la Comuna el aporte privado de aquellos comerciantes, industriales y vecinos que están en condiciones económicas de colaborar en pos de la seguridad comunitaria. Este aporte nos permitirá potenciar los alcances y estrategias de la gestión pública de seguridad”.

A su vez, se puntualizó que “esta normativa resguarda las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las sucesivas fases de grabación y uso de las imágenes. Se establece expresamente que las cámaras deben captar únicamente imágenes de espacios públicos, sin alterar o entrometerse en la privacidad de las personas en los ámbitos privados. Por su parte, el público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, aunque sin especificar su emplazamiento”.

“La obligación que se intenta imponer a los privados se relaciona con la observación de los espacios públicos aledaños a los comercios en cuestión en forma reactiva la cual resulta vital ante emergencias, persecuciones, seguimiento e identificación de personas sospechosas, a efectos de que el personal policial que está acudiendo al lugar cuente con mayor información y pueda tomar correctas dediciones operativas”, concluye el documento.