Policía Local: sin control popular no hay seguridad democrática

Desde el movimiento popular Patria Grande siempre hemos expresado nuestras posturas, las críticas y propuestas que entendemos necesarias para llevar adelante una política de seguridad realmente democrática, no policialista ni violenta.

Sin negar que el Ejecutivo local tomó algunas medidas que intentan, por lo menos desde lo discursivo, democratizar el sistema de seguridad pública –tal como pueden ser el análisis y producción de información sobre el delito y la forma de nombramiento de los fejes policiales–, esa intencionalidad tuvo decaídas; fruto de la “urgencia” por dar respuestas “inmediatas” al problema de la “inseguridad”. Ejemplos de ello fueron la intervención de la secretario de Seguridad por el sciolista Rodolfo Iriart y la convocatoria de fuerzas nacionales –Prefectura, Policía Federal- a la ciudad, ante hechos violentos.

En ese contexto, queríamos expresar nuestra postura respecto de la nueva fuerza de seguridad que el jueves 1 de octubre salió a patrullar las calles marplatenses: la Policía Local.

Esta fuerza nació producto de una ordenanza de adhesión al decreto de Scioli de creación, a nivel provincial, de las policías locales. La primer camada de la Policía Local está ya en funciones y aunque sería apresurado y poco responsable –de momento- hacer un análisis sobre su funcionamiento, cabe hacer observaciones respecto de cómo se llegó a largarla a la calle.

Primero, consideramos necesario recordar siempre que, consecuencia del referido decreto de Scioli, esta nueva fuerza resulta ser un apéndice de la Bonaerense; una de las policías más violentas del país. Puntualmente, quién paga los sueldos de esta policía local es la Provincia, la misma que gestiona a esa Policía Bonaerense.

Segundo, en lo que hace a cuestiones locales, la formación de la Policía Local parecía ser un eje respecto del cual Mar del Plata iba a ser vanguardia. Sin embargo, como siempre, las coyunturas corren y hoy tenemos más de 600 personas armadas en la calle que tuvieron solo 6 meses de formación; de lunes a viernes en la Escuela Juan Vucetich, al igual que lo hace la Bonaerense y únicamente los sábados en la Facultad de Derecho; con la promesa de que continuarán formándose. Ciertamente, este no resulta ser el avance que se esperaba.

En tercer lugar, sí creemos que es un avance, tanto para seguridad de la sociedad, como de la/os mismos policías, la decisión tomada por el Jefe de la Policía y Secretario de Seguridad de que no porten el arma las 24 horas y desterrar así el estado policial permanente, que tantas vidas se llevó y numerosas denuncias de abusos de arma originó.

Entendemos que medidas como estas derivan de la circunstancia de que las policías locales ya “estrenadas” en la Provincia demostraron sus incapacidades con reiterados casos de abusos de autoridad y de armas y –puntualmente- con el caso de gatillo fácil en el que Rafael Cobo resultó víctima del accionar de un policía local de franco que discutía con su pareja, también policía.

Por último, lo que más nos preocupa y ocupa es que el texto de la ordenanza municipal que creó a esta Policía Local, menciona también la creación de un órgano de control externo de la fuerza, que si bien podría ser meramente formal, ni así fue creado. Este quiere decir que desde lo discursivo intentan pintar esta fuerza policial de democrática, pero ella no cuenta ni con un órgano de control externo.

Consideramos que la lógica que permanece en el trasfondo de la política de seguridad del Gobierno Local, al igual que del Provincial, es: a más hechos violentos, más Policía. No compartimos estos enfoques.

Si no queremos, y no quieren, que la recientemente egresada Policía Local termine siendo mano de obra de la Bonaerense y realmente salga a combatir el crimen organizado, la trata de personas, el mercado de autopartes y el narcotráfico, se necesitan espacios colectivos que denuncien la relación entre las grandes actividades económicas ilegales y las fuerzas de seguridad, como así también las violencias y abusos institucionales que se sufren en las barriadas de la ciudad.

En este sentido, para avanzar en una seguridad democrática y no violenta, se requiere que esta nueva fuerza, entre otras cosas, enfrente el autogobierno de la “vieja” institución policial y -sin dudas- que desde las cúpulas políticas en forma urgente y de modos realmente participativos se cree el órgano de control de esa policía local; esto último de la mano de  la creación de un área de “Erradicación de la Violencia y la Corrupción Institucional” para -en conjunto- poder monitorear y denunciar la violencia policial e institucional.

Sin control real popular y sin garantizar el acceso a derechos de los sectores populares, la política local en esta materia está más cerca de ser una “gestión del delito” que una gestión de la seguridad democrática.