Trabajadores judiciales marplatenses no adhieren a la marcha del 18F

Así lo anunció la Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata. Pidieron una profunda investigación de la muerte del fiscal Nisman.

17 de Febrero de 2015 16:25

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este miércoles, se llevará a cabo la "marcha del silencio" en honor al fiscal Alberto Nisman, al cumplirse un mes de su muerte. La movilización promete ser multitudinaria, con la presencia de miembros de la oposición y del Poder Judicial.

La Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata anunció que “no adherimos” a la marcha. “No adherimos a la marcha dado que, cuando hemos sido los/as trabajadores/as las víctimas del accionar de espías estatales, el Poder Judicial no ha actuado a pesar de la independencia que tiene para hacerlo y que ahora reclama un sector del mismo que se pretende legitimar con la muerte del fiscal Nisman; y no hubo en esos casos gravedad institucional, ni lesión al estado de derecho que a criterio del oficialismo y la oposición en su conjunto ameritara poner en la agenda pública dichas situaciones”, explicaron desde el gremio. 

En un comunicado de prensa, los trabajadores judiciales señalaron que “debemos salir del marco de la lógica pro o contra gobierno nacional en la cual está instalado el debate, más allá que transitando un año electoral y frente a los fuertes lazos de muchos de los fiscales convocantes con partidos de la oposición indudablemente esa disputa está inmersa en esta coyuntura; pero nosotros debemos realizar un análisis que responda al interés propio de nuestra condición de trabajadores judiciales, integrantes de la clase trabajadora en su conjunto”.

Debemos tener claro que una marcha pública, que sea en silencio o acompañada de pirotecnia, cánticos, bombos y banderas de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales etc. es un acto político, porque implica un posicionamiento público sobre una coyuntura política concreta y actual como en este caso la muerte de un magistrado integrante de uno de los poderes del estado”, añadieron desde la AJB de Mar del Plata.

A su vez, remarcaron que “demás está decir que la muerte de Nisman exige una profunda y transparente investigación para descubrir la verdad sobre su suicidio o homicidio, las causas, sus autores materiales y el fin político del asesinato si lo hubo, ello sin desconocer la estrecha vinculación de la misma con la trunco esclarecimiento  de los atentados contra la Embajada de Israel y la mutual judía AMIA”.  “Esta situación ha dejado en claro los estrechos vínculos existentes entre los servicios de inteligencia y el poder judicial, casualmente dos sectores del poder estatal que no han sido alcanzados por mecanismos de control y transparencias propios de un estado democrático de derecho desde la final de la dictadura militar hasta nuestros días”, agregaron los judiciales.

Por otra parte, puntualizaron que “otras circunstancias que debemos tener claro es que siempre que los espías estatales han actuado contra la protesta sindical o social para criminalizarla, intimidarla o disuadirla lo han hechos con total impunidad, por que el Poder Judicial ha sido un mero espectador no obstante su deber constitucional de investigar la acciones ilegales de los mismos o porque no ha dado respuesta institucional a los procesos en curso en los cuales se intenta descubrir los actos ilícitos de estos agentes contra militantes o dirigentes sindicales o sociales”.

A renglón seguido, sostuvieron que “la denuncia del proyecto X de inteligencia que lleva adelante la Gendarmería Nacional contra  activistas sociales, ambientales o sindicales sin respuesta de la justicia; la puesta al frente del ejército al General Milani que tiene sobre sí la imputación de delitos de lesa humanidad y que comandaba la inteligencia castrense antes de asumir la jefatura de dicha arma como la imputación existente contra el jefe de gobierno porteño por utilizar al agente Ciro Jame para efectuar escuchas telefónicas a integrantes de una agrupación Memoria Activa entre otros (que pugna por el esclarecimiento de los atentados anteriormente reseñados) o que ese mismo funcionario haya confiado la organización de la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires al comisario (RE) Jorge ‘Fino’ Palacios que pronto enfrentará un juicio oral imputado de encubrir el atentado a la AMIA, son datos objetivos que deslegitiman tanto la postura oficialista como la opositora”. Al mismo tiempo, subrayaron que “los trabajadores judiciales hemos sido objeto de tareas de inteligencia jamás esclarecidas".

Para finalizar, los judiciales manifestaron que “reclamamos por una profunda investigación de la muerte del fiscal Nisman y exigimos también la apertura de todos los archivos de la ex SIDE y de aquellos que tengan las fuerzas armadas y de seguridad en su poder, la derogación de la ley antiterrorista; el cese del espionaje y persecución a las organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales, políticas; y el comienzo de un proceso de transformación estructural del poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado”. 

 

 

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