Concejal trucho: “Significa una evidente violación a la voluntad popular”

La Asesoría General de Gobierno emitió un dictamen por las presuntas irregularidades en el reemplazo de ediles de la UCR. Evalúan presentar una denuncia penal. 

Gonzalo Quevedo, cada vez más complicado.

27 de Mayo de 2015 17:02

Por Redacción 0223

PARA 0223

El escándalo por el reemplazo de concejales en el bloque de la Unión Cívica Radical sumó por estas horas un nuevo capítulo. La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió su dictamen.  En el texto, al cual 0223 tuvo acceso, el organismo bonaerense que preside Gustavo Ferrari, consideró que habría existido “una evidente violación a la voluntad popular”.

Tal como reveló este diario digital, la martillera Rosana Morrone sostuvo que nunca fue notificada de su obligación de suplantar a  los ediles radicales que tomaron licencias y a los que debía  reemplazar en su condición de tercera candidata de la lista de la Udeso que participó de las elecciones de 2011. Según se refleja en la documentación del HCD, quien siempre ejerció ese rol fue el cuarto candidato a concejal y delfín de Vilma Baragiola, Gonzalo Quevedo, quien también pertenece a la Unión Cívica Radical.

Desde la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires explicaron que “la situación advertida, amén de significar una evidente violación a la voluntad popular, podría llegar a generar algún grado de responsabilidad en los términos de los artículos 241 y 242 del Decreto Ley Nº 6769/58, respecto de los funcionarios municipales involucrados o que tuvieron intervención decisoria en el ‘irregular’ reemplazo de los concejales”.

A su vez, se remarcó: “El reemplazo del concejal titular por su suplente, no se habría realizado conforme al procedimiento legalmente previsto”. En ese momento, el presidente del HCD era el radical Nicolas Maiorano.

Ante este dictamen elaborado por la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, concejales oficialistas y opositores ya están evaluando presentar una denuncia penal. Así lo confiaron fuentes legislativas a 0223. "La responsabilidad política se deslindará de acuerdo con la Constitución Provincial y la Ley Orgánica y las responsabilidades civiles y penales serán ventiladas ante los jueces ordinarios", dice el texto rubricado por Gustavo Ferrari.

Desde el bloque de concejales de la UCR  afirmaron que habría una serie de mensajes en los que Morrone confirmó que no podía ocupar el lugar dejado momentáneamente por los concejales titulares por “cuestiones laborales”. Con esto, los radicales apostaron a demostrar que se trata de una maniobra política para dañar su imagen. Lo cierto es que una conversación de WhatsApp no parece ser una herramienta seria para comprobar eso. Y, a su vez, solo podrían demostrar que le informaron a Morrone esa vez, pero hubo varias licencias a lo largo de estos casi cuatro años. 

Estos argumentos son contradictorios con la nota que la propia integrante de lo que fue Udeso presentó al Concejo Deliberante y en la que informó que jamás fue informada de licencias de concejales que podían motivar su asunción.