Datos, engaños y papeles truchos: así trabajaban las falsas gestoras

Aunque la hipótesis fiscal plantea que fueron tres las personas integrantes de  una asociación ilícita que realizaba transferencias fraudulentas de lotes e inmuebles, los rostros que aparecían en todas las operaciones eran los de las dos mujeres. M.C. y L.A. eran las encargadas –según la ocasión- de simular ser gestoras, abogadas o escribanas para lograr que las víctimas abonaran sumas de dinero en concepto de compra o adelanto.

La declaración de las dos mujeres –cuyos datos completos la fiscalía solicitó no sean divulgados- se postergó para el día viernes. Según confiaron fuentes judiciales a 0223, el defensor oficial Claudio De Miguel solicitó 24 horas para estar en contacto con la causa ya que las imputadas fueron detenidas luego de los tres allanamientos realizados el miércoles.

A diferencia de lo ocurrido en la megacausa de usurpaciones, esta organización delictiva no intentaba “blanquear” los lotes o inmuebles vendidos realizando presentaciones ante los Juzgados Civiles y Comerciales. Sin embargo compartían un integrante: Luis Rodríguez –imputado en la otra investigación y prófugo en ésta- sería el encargado de adulterar los documentos públicos con los que engañaban a sus víctimas.

En los tres allanamientos ordenados por la Justicia de Garantías, personal de la Coordinación Departamental de Investigaciones (CDI) secuestró boletos de compraventas posiblemente falsos, folios notariales falsos, informes registrales, comprobantes impositivos y también computadoras con información vinculada a las operaciones investigadas.

Aunque comenzaron a operar en octubre de 2011, los investigadores le confirmaron a 0223 que la mayoría de las estafas se llevaron adelante cuando se registró una mayor demanda de terrenos para la construcción de viviendas por parte de beneficiarios del Plan Procrear. Dentro de los doce hechos esclarecidos, la mayoría corresponde a personas que, de buena fe, adquirieron los lotes para edificar.

Según detalló el fiscal Carlos David Bruna, las mujeres ofrecían lotes que no tenían una ocupación permanente o cuyos titulares habían fallecido o residían lejos de la ciudad. Aunque estaban en distintas zonas, la mayoría estaban ubicados en la zona sur y en Sierra de los Padres.

“Las personas entraban de buena fe, pagaban una suma de dinero y recibían un boleto de compra venta y una cesión de derechos apócrifos, y certificaciones adulteradas porque estaban firmadas por supuestos escribanos. Luego de este paso, contactaban con una persona que se hacía pasar por abogada, escribana o gestora para lograr mayor confianza en las víctimas”, explicó.

Aunque ocupaban distintos roles y tuvieron la participación de otras personas que se procura identificar, M.C. y L.A. eran las responsables de concretar las operaciones fraudulentas. En todos los casos los lotes o inmuebles ofrecidos jamás estuvieron en condiciones de ser legítimamente transferidos y escriturados.

Al igual que en la megacausa por usurpaciones, los fiscales tienen por delante el desafío de comprobar la manera en que la banda obtenía la información sobre el estado de las cuentas de inmuebles o lotes ofrecidos. Para el fiscal Javier Pizzo, esa tarea forma parte de la operatoria a través de redes. Frecuentemente van mutando de lugares, de personas participantes, de actividad y de negocios, dificultando su desarticulación, y se interrelacionan con mercados legales e informales.

“La organización delictiva es mayor a la que suponíamos, por lo que las investigaciones llevan mucho más tiempo para desbaratar este tipo de accionar delictivo. Montaron su tarea sobre la necesidad, sobre el mercado existente para la compra de inmuebles”, indicó Pizzo.