Causa Macri: acusan al juez López de “perder tiempo” y “desconocer el derecho”

Más allá de la detención y la indagatoria de un hombre acusado de haber arrojado un objeto contundente contra el auto que transportaba al presidente Mauricio Macri en su última visita a Mar del Plata, la resolución de los fiscales Alejandro Cantaro, Mónica Cuñarro y Marcelo Molina contiene duras críticas contra el juez federal Alfredo López, a quien acusan por su “absoluto desconocimiento del derecho” y una dura denuncia contra las autoridades policiales por malversación de caudales públicos. Para aquella jornada, se le pagaron extra a 231 policías, pero solo hubo 80 en el operativo del barrio Belisario Roldán.

El hombre detenido por haber arrojado una piedra fue indagado este lunes por la mañana por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°1 de dicha ciudad. Pero más allá del pedido de detención e indagatoria sobre este individuo, los fiscales fueron particularmente críticos con la labor del juez Alfredo López, quien actuó como subrogante por la licencia de Inchausti.

“Este era un caso de  autores ignorados cuya investigación debió quedar desde el inicio en manos de la Fiscal  y sin embargo el Juez (López) y, a contrario de lo que dispone el artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, se hizo cargo de ella con un absoluto desconocimiento del derecho”, señalaron los representantes del Ministerio Público.

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En ese contexto, mencionaron que López arribó a la conclusión de que Mazzaferri había acordado con el resto de los fiscales de la ciudad y posiblemente apoyados por la Procuradora General de la Nación, “no investigar un posible delito contra el Presidente de la Nación”. Según la resolución, el juez llegó a la conclusión de que esa decisión se adoptó “en razones de oposición política a su figura y partido y reposando todo esto sobre su sola  intuición –sin apoyatura empírica alguna y sin búsqueda de pruebas-” y en ese contexto “denostó a los fiscales, pidió su apartamiento y los denunció penalmente”.

Para los representantes del Ministerio Público se convirtió “el delicado escenario de una investigación de un presunto delito contra el Presidente de la República en un espacio de poder en la polis marplatense”.

“Se sucedió un desfile entre el Juzgado Federal y el ágora, donde ya no importaba qué había pasado (reconstrucción de la prueba jurisdiccional) sino que se derivaba políticamente de ello no sólo su desconocimiento del derecho sino que esto implicó la pérdida de valiosísimo tiempo que debió haberse dedicado a la construcción de una mínima hipótesis criminal plausible y que hubo de reconstruirse con muchos días perdidos y gran esfuerzo y, hasta, con la conformación de esta ‘comisión ad hoc’  quienes a pocos días lograron esclarecer el hecho”, añadieron.

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Cantaro, Cuñarro y Molina señalaron que a pesar de esos problemas, trabajaron en conjunto con Mazaferi y lograron “detallar un hecho criminal” y al presunto autor.

“Cabe aclarar que Inchausti a diferencia de su antecesor realizó medidas de pruebas en sintonía con el camino que trazaba esta representación”, añadieron.

Por otra parte, en su resolución los magistrados requirieron que se investigue a autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del operativo de seguridad, bajo la sospecha de que incumplieron deberes de funcionario público y malversación de caudales.

En ese marco, los fiscales señalaron que “se libró una orden de servicio por un total de 231 efectivos y equipamiento y sólo había en el lugar un total de 80”. “Es decir, sólo en las formas se cubría el lugar con la cantidad de efectivos suficientes, mientras en la realidad eran la tercera parte de esos 231”, concluye.