Industria pesquera (y del juicio)

La industria pesquera no es ajena al creciente aumento de la litigiosidad en el sistema laboral argentino. Una preocupación que llevó al presidente Mauricio Macri a querer terminar con la “Industria del juicio” y ordenar una reforma en el régimen de riesgos del trabajo con un proyecto oficial que ingresa por estas horas al debate en el Senado.

Bajo este sistema está toda la fuerza de trabajo en blanco del país: 10 millones de trabajadores y 1,5 millón de empleadores. En la pesca marplatense queda mucha gente afuera del régimen pero las empresas sufren altos costos de aseguradoras que ya no los quieren tener como clientes y elevan a la estratósfera el costo de cobertura.

El sistema brinda más de 6 millones de prestaciones por año y, en estos 20 años de vigencia, logró bajar un 69% el índice de mortalidad en situaciones laborales. Sin embargo, y al amparo de las últimas reformas al sistema, en los últimos 12 años la cantidad de juicios se multiplicó por 40.

Según datos de un informe realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en el mes de septiembre la cantidad de juicios iniciados contra el régimen de ART ascendió a 14.333 demandas.

La cifra representa un 45% más que los juicios presentados en septiembre del 2015 y una suba del 32% en comparación con agosto pasado. Con esa proporción de aumento, las aseguradoras del sistema proyectan que 2016 culminará con más de 122.140 nuevos juicios, alrededor de 15% más que los iniciados durante el año pasado.

Todos apuntan a la última gran reforma, que en 2012, trasladó los juicios por responsabilidad civil a las ART, liberando a los empleadores de ellos. Todas esas demandas se redireccionaron hacia las ART, y las debilidades del sistema siguieron sumando juicios.

El relevamiento de la UART destacó que si se analiza la cantidad de juicios iniciados en relación con la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema, se observa una tendencia creciente durante los últimos años, registrando un valor máximo en 2016, donde se ha llegado a una demanda cada 133 trabajadores.

"Son varias las causas, pero podríamos resumirlas en diferentes interpretaciones en la aplicación temporal de la normativa vigente, el Índice RIPTE, el 20% de indemnización adicional, no aplicación del baremo de incapacidades por parte de los peritos de la Justicia, procedimiento ante las comisiones médicas, tasa de interés aplicable y captación ilegítima o anti ética de clientes/pacientes por parte de estudios jurídicos", define Leandro Anzoategui, gerente de Riesgos del Trabajo de Federación Patronal Seguros en un informe publicado por El Cronista.

Para variar en la pesca no hay números específicos. En la Cámara de Industrias Pesqueras Argentinas (Caipa) cuentan que la Superintendencia inició un relevamiento el año pasado para analizar al sector pero no pasó por la sede de la calle Olavarría.

“Pese a que las demandas se sustancian contra las aseguradoras, el incremento de la industria del juicio se traslada a los montos que las empresas pagan por la contratación de seguros de accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo”, subraya Fernando Rivera. El Presidente de Caipa se mostró crítico del proyecto de reforma oficial.

Si bien es una actividad riesgosa, la pesca registra muchos más accidentes referidos, que surgen luego que los tripulantes desembarcaron en tierra, que casos traumáticos, producidos en plena faena. Los armadores identifican los días posteriores a la última marea de calamar y de langostino donde se registra el aluvión de “accidentes”.

Hoy un “relevo” embarcado es un riesgo que muchas empresas no quieren afrontar. A vuelta de viaje un porcentaje importante se va al seguro. “Hemos llegado a pagar a un tripulante el 105% de discapacidad”, refiere Rivera, que pide se elabore un registro de discapacidades decretadas, la cual sea pública, y que se suspenda la libreta de embarque hasta tanto el tripulante obtenga el alta.

Si bien en promedio el costo de la cobertura alcanza el 3,4% de la masa salarial, según detalle el informe de la Superintendencia, la industria pesquera paga más del 800%. Rivera reconoció que a partir de este mayor nivel de juicios las alícuotas que perciben las aseguradoras de riesgo también se dispararon.

“Hace 10 años la empresa que pagaba 12% hoy está abonando 20% de alícuota, y aquella que pagaba el 14% está cerca del 25% y son pocas las aseguradoras que quieren trabajar con la pesca”, reconoció el dirigente.

“A nadie le conviene la vigencia de este sistema; ni a las empresas ni a los trabajadores. Para las empresas es carísimo y los trabajadores como consecuencia de la litigiosidad no reciben la atención que les correspondería”, reconoce Diego García Luchetti, presidente de la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura.

Hoy en el puerto hay armadores sin cobertura de ART, con la gravedad y peligro que eso conlleva. La SRT multa a las empresas por carecer de cobertura aunque el problema de fondo no se resuelve.

La misma situación de la pesca ocurre entre los estibadores eventuales nucleados en el Centro de Contratación del puerto. Las cooperativas que los contratan para la descarga del congelado le avisaron al Consorcio Portuario que si no se le pone freno a los abusos, dejarán de llevarlos a trabajar. “Son 109 estibadores y casi el 50% está en el seguro”, precisó Alberto Ovejero, de Hipocoop.

La idea para cambiar el modelo es exigir a los estibadores un pre ocupacional cuando renueven la habilitación anual que les permite trabajar en el muelle. Y exigir que acumulen 100 jornales en el año. Semanas atrás el Consorcio renovó las “plásticas” a estibadores que desde hace cinco años estuvo más en la cobertura de la ART que en la bodega de un factoría.

Para los marineros, Provincia ART evalúa confeccionar una declaración jurada a ser completada por los tripulantes cuando termina la marea, en la que informarían cualquier accidente o enfermedades durante el trabajo en alta mar.

La industria del juicio le cuesta al sistema unos u$s 5.000 millones, entre indemnizaciones y costas. Además del proyecto que comienza a analizarse en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en el gobierno preparan un DNU para limitar las demandas.

El eje de la iniciativa, elaborada por la SRT, es cambiar de jurisdicción a los juicios por accidentes y enfermedades del trabajo. Si el proyecto llega a buen puerto, las demandas pasarán a dirimirse en el fuero federal de Seguridad Social y no en el fuero Laboral, como vienen haciéndolo hasta ahora.

Otra elemento que afecta al sector pesquero es que las demandas se presentan directamente en los tribunales capitalinos, fuera de jurisdicción. “En Capital hay jurisprudencia favorable que incentiva la industria del juicio”, reconoce Rivera.

“Los famosos caranchos con el amparo de la justicia de Capital Federal, que fallan siempre en contra de las pesqueras, generan demandas exorbitantes que las empresas no pueden afrontar”, señala el Presidente de la Cámara de Armadores. En Caipa aseguran que hay litigios por más de 60 millones de pesos a las pesqueras locales.

El dirigente se refiere a que los montos de las indemnizaciones se actualizan a una tasa activa –en Provincia de Bs As es pasiva- y en CABA se aplica el fallo Méndez, que establece la liquidación por incapacidad hasta los 75 años, mientras que en Provincia, se aplica el fallo Vuotto, que la incapacidad concluye con la jubilación.

El aumento progresivo de la litigiosidad laboral en la industria pesquera es un condimento más que se suma a la suba de combustible, aumento de aranceles, cánones de extracción, usos de puerto, altas tasas de interés y caída del nivel de actividad.

Una tormenta perfecta intangible, que no dibuja nubarrones amenazantes en el horizonte, pero que puede dejar cientos de víctimas en la calle.