Denuncian al fiscal general de Mar del Plata por crímenes de lesa humanidad

La Comisión Provincial por la Memoria aportó a la Justicia documentación que involucra al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en dos causas  por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro.

En el primero caso se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, mientras que en la segunda causa, el secuestro y tortura de militantes comunistas.

Durante la dictadura, el fiscal revistaba como subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), organismo en el que desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos. Entre sus actividades se infiltró en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Espiscopal.

Ante esta situación, la CPM puso en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense y solicitó su inmediata intervención. Incluso, por la gravedad institucional del caso, el organismo provincial pidió su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones.

Durante la dictadura cívico-militar, Fernández Garello se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dippba. Entre 1978 y 1982, participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

La CPM aportó documentos que involucran a Fernández Garello -entre otros agentes de la Dippba- en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981.

Según se informó, el entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

Según la documentación de la CPM, entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Además, la CPM envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV. La delegación Dippba San Martín, donde actuaba Fernández Garello era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Entre el material que involucra al fiscal general de Mar del Plata figuran memorandos de inteligencia referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina. También hay un registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas.

“La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la Dippba, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado. Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo”, advirtieron desde el CPM.