El Senado exige saber si Vidal fijó responsabilidades por el caso Lautaro Blenglio

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó en los últimos días un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para conocer si el Ministerio de Seguridad resolvió por si mismo el estudio de responsabilidades directas e indirectas del personal y las autoridades policiales protagonistas de los tristes hechos acontecidos el 14 de marzo pasado.

Encabezados por Mónica Macha, del Frente para la Victoria, los legisladores también le consultaron a la mandataria por las medidas disciplinarias tomadas sobre los ocho policías involucrados y, en tal sentido, piden conocer situaciones de bajas, retiros, reubicaciones, cambios de escalafón o ascensos ordinarios o extraordinarios vinculados a la investigación.

Las circunstancias exactas que posibilitaron la privación de libertad, torturas y amenazas sufridas por el menor de edad Lautaro Blengio son investigadas por la Fiscalía Descentralizada de General Alvarado, a cargo de Ana María Caro.

Según consta en el expediente legislativo, los miembros del Comando de Prevención Comunitaria llevaron al adolescente al vivero Dunícola Florentino Ameghino de Miramar, donde le ocasionaron heridas cortantes con un cortapluma y luego le efecturaron quemaduras de cigarrillo, para finalmente hacerle vivir un simulacro de fusilamiento y terminar por dejarlo herido en el lugar.

“Estos hechos no se produjeron de manera aislada, sino se enmarcan en hechos de violencia institucional previos contra Lautaro”, consideró Macha, que cuestionó además el operativo policial en el cual los efectivos le solicitaron al joven su documento de identidad para averiguación de antecedentes: “El procedimiento resultó negativo, a pesar de lo cual, uno de los efectivos policiales lo tomó por la fuerza a Blengio del cuello y, golpeándole la cabeza contra el capot del patrullero, le propinó amenazas e insultos, para luego retener ilegalmente su documento junto a su teléfono celular”, detalló la senadora.

Lo particular del caso, según describió la legisladora del FpV, es que “ante los reiterados hechos de hostigamiento y ante el temor por el riesgo a la integridad psicofísica del menor, la familia de Lautaro solicitó un Habeas Corpus a la Jueza de Paz de General Alvarado, la doctora Florencia Hogan. Este pedido fue denegado, por considerar la jueza que no corría riesgo la integridad psicofísica del menor”.

Florencia Hogan es esposa del actual intendente Germán Di Cesare, hermana de Patricio Hogan e hija de Tomás Hogan, ambos exjefes comunales de General Alvarado. Aunque el Juzgado de Garantías N° 3 de la ciudad de Mar del Plata también denegó el mismo pedido, le dio curso a la Fiscalía General y al Comité Provincial contra la Tortura, que expresó su preocupación ante el gobierno de Vidal e inició una campaña para esclarecer el asunto.