Muerte de la auxiliar: desestimaron la denuncia penal contra la gobernadora Vidal

Tras la muerte de Yolanda Mercedes, la auxiliar de la educación que falleció luego de ver que en su cuenta sueldo sólo le habían depositado $40 para todo el mes, el secretario general del Soeme radicó una denuncia penal contra la gobernadora María Eugenia Vidal. Entre otros motivos, el dirigente acusó a la líder PRO de homicidio culposo, ya que interpretó que la muerte de la compañera fue consecuencia directa del recorte y ajuste de la gestión amarilla sobre la provincia de Buenos Aires. 

Sin embargo, en las últimas horas, la Justicia marplatense rechazó casi todos los argumntos del gremio que representaba a Yolanda y decidió desestimar la denuncia penal contra la gobernadora.
En el texto, al que tuvo acceso 0223, el fiscal Pablo Cistoldi -de la Fiscalía de Delitos Culposos- explicó que frente a toda denuncia penal un agente del ministerio público ebe "optar por una altrnativa: o dispone medidas investigativas o desestima la denuncia". Como eligió la segunda posibilidad, Ciltoldí dedicó cuatro hojas a justificarlo.

En primera instancia, analizó si los hechos referidos en las denuncias del Soeme "están o no previstos en la ley como delito". "Para ello, no es necesario averiguar si los sucesos denunciados ocurrieron tal como se los relata. La pregunta a responder es: si hubiera sucedido exactamente lo que se relató en la denuncia, ¿nos encontraríamos ante un delito establecido en la legislación penal?".
Para Ciltoldi, no.

"Y si los sucesos, tal como han sido vertidos en la denuncia, no están previstos en la ley como delito, la justicia penal no está autorizada a investigarlos", agregó el agente, que en esta misma línea descartó la acusación del denunciante, respecto a que Vidal había incurrido en un homicidio culposo. 

"Sería un esfuerzo inútil buscar dentro de la tradición judicial (aún en regímenes con jurados populares), precedentes en los cuales se haya condenado a alguien por `matar de un disgusto´ a otra persona. El principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional) obligaría a decidir el caso en forma negativa. Si se abriera paso una perspectiva diferente, no solamente habría numerosos hijos, empleadores y comerciantes imputados por enfermar o matar de disgusto a progenitores, empleados y proveedores, respectivamente. En casos como el presente, los propios dirigentes gremiales, sabiendo que los descuentos de haberes por huelga no son algo infrecuente, podrían estar expuestos a denuncias por conducir a la muerte a afiliados con problemas de salud", deslizó Ciltoldi.

"Partiendo siempre de la hipótesis de que el descuento de haberes es ilegal -continuó-, los directivos escolares que informan a las autoridades las ausencias por paro serían también penalmente reprochables como coautores de homicidio culposo. Y los representantes del pueblo que integran el Congreso de la Nación engrosarían la lista de sospechosos, al incumplir su deber de proveer a la defensa del valor de la moneda (art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional), ya que los periódicos conflictos salariales que vivimos durante los últimos años están claramente asociados con los altos niveles de inflación. Lo propio se aplicaría también a las autoridades del Banco Central de la República Argentina (art. 3° de la ley 24.144 y modificatorias). Una interpretación tan extensiva del alcance del art. 84 del Código Penal no tiene sustento en precedentes judiciales ni, probablemente, sociales. Si bien mi experiencia no es una muestra representativa, desconozco la existencia de denuncias ante esta Fiscalía especializada, en las cuales se atribuya a una persona el haber matado de un disgusto a otro ser humano", completó.