La Corte nos confirma que el aumento no era razonable ni justo

El fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas de gas ratifica la postura que hemos tenido desde el Frente Renovador ante un aumento que, tal como había sido planteado por el gobierno, no era razonable ni justo. El máximo  tribunal resolvió a favor de la gente.

Cualquier corrección sobre la política tarifaria en los servicios públicos debe atender cuestiones de fondo que esta resolución no ha tenido en cuenta. Si bien los jueces mencionan que es su función controlar la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de las tarifas, solo se limitan en su fallo a declarar la ilegalidad del procedimiento por falta de realización de Audiencias Públicas, no resolviendo las otras dos cuestiones.

El fallo reconoce que ante la crisis energética, y los desajustes económicos, no se puede impedir al Poder Ejecutivo que modifique el cuadro tarifario, siempre que respete las normas constitucionales en materia de defensa de los derechos de usuarios y consumidores. 

Ello está en sintonía con la postura que desde un principio planteó el Frente Renovador, en el sentido que con tarifas de hace más de 10 años era imposible mantener o ampliar el servicio de suministro de gas, tornándose necesario incrementar los costos del servicio, pero de manera justa y progresiva.
 
No se puede pasar por alto la necesaria recategorización de destinos como Mar del Plata y la costa atlántica, caracterizados  por inviernos duros y una demanda de consumo mucho más alta que la de usuarios del Centro y Norte del país.

Es un tema en el que el Frente Renovador en general y el bloque de concejales local en particular vienen haciendo hincapié desde principios de abril, en busca de igualar tarifas con las más accesibles que rigen para las provincias patagónicas. 

Desde entonces el massismo ha admitido que la complicada cuestión energética del país, entendida como consecuencia de mala administración del gobierno anterior, reclamaba una corrección. Lo que de ninguna manera se podía hacer y mucho menos aceptar es que se aplique de la manera bruta y poco técnica que intentó la actual gestión. 

Son necesarias, como dispuso la Corte Suprema, que se cumplan con las audiencias públicas como paso previo y necesario para resolver un ajuste de tarifas. Pero insistió que se deben resolver las cuestiones de fondo para lograr una política energética sustentable.
 
Este último fallo se circunscribe a los usuarios residenciales, a los cuales no se les podrán aplicar ajustes. Pero se estarían validando los incrementos de tarifas para el resto de los clientes, en su mayoría empresas, industrias y comercios. 

Ya vimos el golpe que significaron las facturas para los distintos sectores en Mar del Plata, como casos testigo algunos hoteles. 

Con semejantes ajustes y una actividad económica restringida, el futuro para estos operadores asomaría delicado. Sería preocupante que el gobierno, teniendo en cuenta la convalidación de esos aumentos para los sectores empresariales y  comerciales, utilice el procedimiento de las audiencias públicas exigidas por el fallo de la Corte, como una herramienta meramente formal para ratificar aumentos impagables.