Apyme pide impugnar la audiencia pública del gas

Consideran que la audiencia no es federal, porque sólo se realiza en Buenos Aires. Otro motivo de la impugnación es que se deja fuera de las deliberaciones el precio del gas en boca de pozo.

24 de Agosto de 2016 16:21

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) presentó este miércoles ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) una solicitud de impugnación de la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional para definir las tarifas correspondientes a ese servicio.

La presentación se realizó en el marco de acciones similares por parte de asociaciones de usuarios y actores de la economía social nucleados en la multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

En la solicitud de nulidad se argumenta que la convocatoria del Gobierno, tal como está planteada, no cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en la Resolución 3158 del Enargas.

Se objeta la falta del indispensable carácter federal de la convocatoria, porque sólo se realiza en suelo porteño. Esto afecta las posibilidades de participación de los usuarios de las distintas regiones del país. 

También se plantea la falta de información para los usuarios, ya que se exige a los participantes de la audiencia adelantar su exposición sin contar oportunamente con datos esenciales sobre el servicio y la composición de las tarifas. 

Otro motivo de la impugnación es que se deja fuera de las deliberaciones el precio del gas en boca de pozo, que constituye la parte sustancial de la tarifa. Tal como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado es responsable de la fijación de este precio, además de los correspondientes al transporte y la distribución. 

Al mismo tiempo, desde Apyme alertan sobre el riesgo de que, a partir del carácter no vinculante de la Audiencia, se pretenda desde el Gobierno pasar por alto su concepción deliberativa, destinada a garantizar la participación de la población en cuestiones de fuerte interés colectivo. Restringir este aspecto e ignorar sus conclusiones por parte de las autoridades reduciría la Audiencia a un mero trámite para ratificar decisiones discrecionales.

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