La Comisión por la Memoria se presentó como “Amicus Curiae” en el amparo del Consejo de Niñez

8 de Agosto de 2016 19:46

Por Redacción 0223

PARA 0223

A horas de que se reanude el cuarto intermedio por el recurso de amparo presentado por el Consejo de Niñez contra el municipio de General Puyrredon, la Comisión Provincial por la Memoria se presentó en carácter de “Amicus Curiae”.

El organismo provincial está representado por Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, copresidentes; Roberto Cipriano García, secretario, Susana Méndez, y Yamila Zavala Rodríguez, integrante de la Institución. “El Estado debe tener políticas eficaces para la garantía de los derechos de niños y niñas y si no las tiene, es responsable por ello”, manifestaron desde la Comisión.

El Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Defensoría del Pueblo interpusieron una acción de amparo de incidencia colectiva y reclamaron una medida cautelar, por la grave amenaza al ejercicio del derecho a la cultura y al derecho a la educación de los chicos de General Pueyrredon.

Dicha acción fue promovida contra el intendente Carlos Arroyo, y las secretarias de Cultura y Educación, Silvana Rojas y Ana María Crovetto, respectivamente. Hubo una primera audiencia y este martes se retomará, luego de un cuarto intermedio que tuvo como objetivo el acercamiento de las partes. 

Luego de la visita de Adolfo Pérez Esquivel a Mar del Plata, donde los integrantes del Consejo de Niñez lo interiorizaron des la situación, el CPM resolvió colaborar con la acción judicial. “Los derechos de la niñez no pueden ser una opción porque son una obligación. El Estado debe ser representante y garante de los derechos y gestionar políticas integrales que protejan a la niñez”, manifestaron en el escrito presentado a la jueza Patricia Ginsberg.

A su vez, indicaron que los programas que generan posibilidades para que los chicos “ejerzan sus derechos a la educación y a la cultura solo pueden ser modificados o sustituidos por otros que generen mejores posibilidades y condiciones pero nunca ser suprimidos, reducidos, achicados”.

“Cuando los actos de los órganos estatales son regresivos para la situación de los niños y niñas, son contrarios a lo establecido por los Pactos y Tratados de DDHH vigentes en nuestro país”, añadieron.