Desarticulan organización que falsificaba documentos para apoderarse de inmuebles

Una investigación a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos permitió desbaratar una organización criminal que elaboraba y usaba documentos privados y públicos falsos con el objeto de transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles registrados ante la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. Con su accionar obtenían la disponibilidad jurídica de los mismos para obtenerlos para sí o para eventuales compradores.

Más allá del hermetismo con el que se manejó la causa que aún tiene distintas medidas procesales pendientes, la organización operó entre 2013 y 2016, cuando al menos 16 personas formaron parte de la misma. Entre los miembros de esta asociación ilícita se encontraban 8 abogados; 2 escribanos, 1 abogado del Registro de la Propiedad Inmueble, 1 agrimensor, un imprentero, comerciantes y empresarios.

El grupo presentaba instrumentos públicos apócrifos para lograr en el Registro de Propiedad Inmueble la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente.

La investigación que comenzó en septiembre de 2016 cuenta a la fecha con 14 cuerpos y 2746 fojas en los que se verificó la transferencia ilegal de 28 inmuebles, aunque el número podría ser más alto. Tras los allanamientos realizados en Mar del Plata y La Plata se confirmó que además de transferir lotes, cocheras y departamentos habían intentado una operación con un campo de 100 hectáreas valuado en 700 mil dólares.

Si bien no se dieron a conocer las identidades de los imputados que tienen sus bienes inhibidos y la prohibición de salida del país, las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que uno de los sujetos es un abogado que cumple funciones en la Dirección Técnica del Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad Inmueble con sede en la ciudad de La Plata. “Desde su puesto de trabajo le aportaba información sobre las condiciones de los inmuebles y sus titulares, y respecto de los movimientos que generaban los expedientes impulsados por el grupo dentro de ese organismo”, señaló.

La banda apuntaba a inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello y que demostraban desinterés en el pago de impuestos o servicios o poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

Para instrumentar las maniobras diseñadas, se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos que simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de Organismos Públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

Con las resoluciones judiciales obtenidas, se presentaban en la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble o en sus delegaciones para efectuar las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir la disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

La jueza de Garantís Rosa Frende dispuso la prohibición de salida del país para los dieciséis imputados de asociación ilícita. Estos sujetos, junto a otros 21 investigados por los delitos de falsificación de documentos públicos y privados falsos, y estafas sufrieron una inhibición general de bienes.