Licencias truchas: el sindicato pide que Arroyo dé marcha atrás con la cesantía de empleados municipales

El gremio que conduce Antonio Gilardi le presentó una nota al intendente pidiendo la reincorporación de los empleados echados por corrupción en el gobierno de Gustavo Pulti. “No hay delito alguno, sino simplemente una investigación”, afirmaron desde el Sindicato.

18 de Abril de 2017 15:57

Tal como adelantó 0223, el intendente Carlos Arroyo dio por finalizado el sumario administrativo y declaró cesantes a otros 15 empleados que están involucrados en la causa penal conocida como "licencias truchas". Ya el jefe comunal había echado a otros tres agentes municipales en enero de este año.

La medida fue adoptada por el intendente tras la tarea de la Dirección de Sumarios dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, y rubricada por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente.

De acuerdo a lo que se refleja en el decreto Nº 686, al cual este diario digital tuvo acceso, Juan Carlos Belmonte es uno de los agentes municipales echados de la administración comunal por supuestos actos de corrupción. Se trata del hombre que está acusado de comandar una asociación ilícita dedicada a la venta de carnets de conducir de manera ilegal.

En el mencionado decreto, se señala que “ha quedado demostrado una inconducta notaria, entendida como el vicio moral de cada uno de los agentes en el modo de manejar sus acciones, que han perjudicado el prestigio y la eficiencia de la administración pública”.

Ante la decisión del jefe comunal, el Sindicato de Trabajadores Municipales pidió que se revea la cesantía de Belmonte y el resto de los agentes echados de la Comuna.

Desde el gremio que encabeza Antonio Gilardi explicaron que “si bien no es política de esta entidad gremial, la defensa de aquellos empleados o funcionarios, sean políticos o de carrera, que hayan cometido un delito en ejercicio de sus funciones, no es menos cierto que a los empleados cesanteados se los ha sancionado expulsivamente, sin que todavía se haya expedido ningún juez o Tribunal acerca de su conducta, presuntamente delictiva, con el único fundamento de una investigación penal preparatoria, que ni siquiera empezó a tratarse ante un juicio oral y público”.

En la nota presentada ante el jefe comunal, a la cual este diario digital tuvo acceso, el sindicato remarcaron que “en el caso no hay delito alguno, sino simplemente una IPP, tomada como única causa legal y fáctica de la sanción expulsiva, sin que en sede administrativa se haya probado ni intentado probar ninguna de las faltas disciplinarias que se imputan a los funcionarios cesanteados”.

“Si bastara una denuncia o acusación fiscal para cesantear a un funcionario o empleado municipal con estabilidad, se pone en crisis todo el estado de derecho y el principio de legalidad en el actuar administrativo, en el presente y hacia el futuro, situación que esta sindicato no puede pasar por alto, en el plano institucional y gremial, pues sería admitir la condena por sospecha”, agregaron desde la entidad gremial.

Para finalizar, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Gilardi, manifestó su “disconformidad” con el decreto que rubricó el intendente Carlos Arroyo por el cual se dejó cesante de la administración comunal a los empleados involucrados en el escándalo de las licencias de conducir truchas.  

“Solicito la revisión del decreto, hasta tanto la Justicia se expida sobre la culpabilidad o inocencia de los agentes municipales involucrados, sin perjuicio de las acciones individuales-judiciales o administrativas- que puedan promover los mismos”,  concluyó Gilardi.

Además de Belmonte, fueron cesanteados también del municipio, los empleados Leda Ayala, Fernando Peña, Laura Gordon, Raúl Hernández, Laura Monopoli, Luis Martínez, Marcelo Veliz, Sabrina Soria, Víctor Tosetti, Viviana Pared, Verónica Benedetti, Luis Belmonte, Eduardo Cacciavillani y Carlos Zelaschi.

En enero de este año, el intendente Arroyo ya había declarado cesantes a otros tres empleados municipales condenados en los hechos de corrupción sucedidos en la gestión de Pulti, quien se encuentra a un paso de ir a juicio oral por la presunta "malversación de fondos públicos" en el marco de otras causas penales.

De la investigación penal preparatoria llevada a cabo y especialmente de la requisitoria fiscal surgió que, desde el día 9 de marzo del año 2011 y hasta el día 8 de abril del año 2014, los agentes en cuestión, encabezados por Juan Carlos Belmonte, se habían organizado para lucrar indebidamente con la tramitación y expedición de licencias de conducir.

En su declaración ante la Justicia, Belmonte dijo que  la División Licencias de Conducir “dejó de ser eso para ser un comité de Acción Marplatense”. “Me llamaban por teléfono, de la Secretaría Privada, de Protocolo y Ceremonial, el intendente mismo”, aseguró e incluso dijo que a él le sacaron “un teléfono que tiene escuchas y mensajes del intendente”.

A su vez, cuestionó la “lealtad” del exjefe comunal: “El amigo que yo tenía, Pulti, que iba a mi casa y besaba a mis nietos, pasó a ser el gran traidor”. “Yo era una pantalla, el boludo de estos señores, ellos venían, hacían y deshacían; en todos lados tenían sus punteros, que llamaban y mandaban y traían la documentación, era incontrolable”, destacó.

“Yo me operé con todo esto que me viene pasando y demás; la operación me la pagó el amigo Pulti, estando ya preso. El motivo era ‘no hablés’. Le dio la plata a mi señora y otra parte la fue a pagar a la Clínica 25 de Mayo”, concluyó el presunto líder de una asociación ilícita que defraudó al estado municipal por un monto millonario

En el marco de la investigación por las licencias de conducir irregulares en el Partido de General Pueyrredon, se detectaron 7.031 carnets truchos. Entre ellos, aparece el caso de Lucas Carnero, el joven que atropelló y mató al policía Fabián Mendiola mientras huía alcoholizado de un control de Tránsito, durante los festejos por el Día del Amigo.