Trabajadoras piden la suspensión de la ordenanza que prohíbe la oferta sexual en la vía pública

En la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante, integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y del Fuertsa denunciaron que las políticas prohibicionistas afectan su trabajo y las exponen a ejercer en mayor clandestinidad.   

22 de Abril de 2017 08:55

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un grupo de Trabajadoras Sexuales de Mar del Plata participaron de una reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante en la que manifestaron su rechazo a la ordenanza que prohíbe la distribución de volantes de oferta sexual en la ciudad. Denunciaron que las políticas prohibicionistas afectan su trabajo y las exponen a ejercer en mayor clandestinidad.

Luego de escuchar distintos testimonios de referentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) y de integrantes del Frente de Unidad Emancipatorio por el reconocimiento de los Derechos de los Trabajadores Sexuales en Argentina (Fuertsa), los concejales se comprometieron a solicitar un dictamen de la Dirección General de Derechos Humanos del Departamento Ejecutivo para conocer los impactos de esta ordenanza en el ejercicio del trabajo sexual. 

“Para nosotras es muy importante que los concejales nos hayan escuchado y hayan conocido las problemáticas que enfrentamos las trabajadoras y los trabajadores sexuales por la criminalización de nuestro trabajo. Nunca habían tenido en cuenta nuestras voces y por primera vez nos recibieron y se comprometieron a revisar y hacer un análisis de los impactos de la ordenanza", señaló Malu López, secretaria General de Ammar.

Además del estudio sobre los impactos de la ordenanza, la Comisión de DDHH solicitará a la Comisión de Legislación una reunión de carácter técnico para evaluar la suspensión de esta política y convocar a un nuevo encuentro con Ammar y Fuertsa en los próximos 15 días. 

Ammar reclama por la derogación de las normativas que penalizan el ejercicio del trabajo sexual y exige una regulación que garantice los derechos humanos y laborales de las las trabajadoras sexuales.

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