Fraude en Pinamar con las tarjetas Alimentar: revés judicial para Yeza

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, rechazó los planteos de incompetencia y nulidad presentados por la defensa del intendente de Pinamar, Matín Yeza, en el marco de la causa en la que fue llamado a indagatoria por su presunta responsabilidad en las maniobras de utilización indebida de tarjetas Alimentar que generaron un perjuicio a las arcas públicas del Estado nacional.

Según detalla la agencia de noticias Télam, la defensa de Yeza, a cargo del abogado Ignacio Jakim, había planteado que la causa debía tramitar ante la Justicia local y no en el fuero federal, y había reclamado que se declare la nulidad del llamado a indagatoria para el 7 de octubre pasado porque, según su entender, no existía motivación para que el jefe municipal sea convocado.

Ambos planteos fueron rechazados por el juez Bava que remarcó que los hechos investigados están vinculados con presuntos daños causados a las arcas del Estado nacional, que es el promotor del Programa Alimentar, y detalló los motivos por los que estaba imputado Yeza, a quien se le endilga, entre otras cosas, "haber ayudado al autor o participe a asegurar el producto o provecho del delito".

En dos fallos. el magistrado recordó que los fondos públicos que se afectaron (a razón de la indebida utilización de las mencionadas Tarjetas Alimentar) pertenecen al Estado nacional y tienen un fin específico, del cual aparentemente se desviaron.

"Los sucesos que se endilgan al imputado tienen relevancia por cuanto se han cometido prima facie durante su desempeño como funcionario público a cargo del Municipio de Pinamar y mientras se ejecutó el Programa Nacional Tarjetas Alimentar, cuya implementación estuvo a cargo de ese municipio, de modo tal que no resulta susceptible de escisión", sostuvo el magistrado.

"Recordemos que la hipótesis de investigación radica en que estamos ante una organización de personas que -de modo coordinado, permanente, estable, con roles y funciones diferenciadas, y mediante maquinaciones y ardides- se dedicó a cometer delitos", remarcó el juez a continuación.

Además, Bava subrayó que "particularmente" esos ilícitos fueron cometidos "en perjuicio de la Administración Pública nacional y de personas vulnerables que eran beneficiarias de los fondos públicos asistenciales que el Estado nacional destinaba para que adquieran alimentos".

"La organización sustrajo fondos públicos obrantes en las tarjetas bancarias del Programa Alimentar relativas al Plan Nacional Argentina contra el Hambre, mientras se encontraban en custodia de la Dirección General de Gestión y Coordinación Territorial de la Secretaria de Desarrollo Social dependientes del Municipio de Pinamar, para fines particulares y distintos a los que estaban asignadas”, reseñó el magistrado.

"Mediante ardid, se ha podido demostrar que diferentes personas (Andrea Ríos, José Fons, Nicolás Ambao, Diego Borea y Carlos Rosas) se hicieron de distintas terminales electrónicas de pagos (único medio por las que se podía usar las tarjetas) para apoderarse de sus fondos, privando al titular de la tarjeta de la asistencia del Estado nacional", sostuvo.

"También se ha podido comprobar que varios funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la ejecución del Programa Nacional ´Argentina Contra el Hambre´ que se implementó a través de las ´Tarjetas Alimentar´ (Javier Tumas y Nora Ponce) omitieron realizar las diligencias necesarias y los deberes que su cargo les exigía, para controlar a sus dependientes, resguardar los efectos que tenían bajo su custodia y garantizar la efectiva entrega de las tarjetas plásticas a sus legítimos destinatarios”, explicó el juez.

A Yeza se le imputa, “en su carácter de funcionario público, no haber ejecutado las leyes y normas cuyo cumplimiento le incumbía en función de su cargo, haber ayudado al autor o participe a asegurar el producto o provecho del delito, no haber no individualizado al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole y haber ayudado a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.

A raíz de las maniobras investigadas, “mediante la terminal Naranja Pos se sustrajeron fondos públicos asignados a la Tarjeta Alimentar por un valor de $ 592.000,00 y mediante la terminal Posnet se sustrajeron fondos públicos" asignados a la Tarjeta Alimentar por un valor de $1.500.000”, detalló el juez.