Fumigación con agroquímicos en Tandil: declaran cinco imputados

Tres años después del hallazgo de agroquímicos en el suelo y el agua de pozo de diversas escuelas rurales del partido de Tandil, cinco imputados por el caso fueron citados a declarar por el Ministerio Público Fiscal de la Nación ante el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio.

Los acusados, responsables o arrendatarios de predios rurales, lindantes a tres escuelas y el casco urbano de la localidad tandilense de Gardey, deberán presentarse en el Juzgado Federal de Azul a prestar declaración indagatoria el 11, el 12 y el 13 de abril próximos.

En el invierno de 2020, a partir de una investigación realizada por docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro se trabajó en un informe que puso en evidencia el riesgo que corría la comunidad educativa rural del partido de Tandil, así como la población cercana a los establecimientos educativos, a partir de la constatación de la presencia de cultivos y de residuos de fumigación con agroquímicos en zonas donde está prohibido por ordenanza municipal.

La investigación fue impulsada por la organización ambientalista Bios, que es querellante en la causa, y con instrucción de la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide.

La denuncia fue presentada en su momento por el coordinador del nodo Tandil de esa organización, ingeniero Claudio Lowy, quien se basó en los resultados plasmados en el citado informe sobre agroquímicos plaguicidas en escuelas rurales realizado por la Unicen.

Al requerir la convocatoria a prestar declaración indagatoria para las personas imputadas, el fiscal partió de un dato, que -dijo- resulta innegable y que configura el aspecto objetivo de la conducta reprochada: el hallazgo de cultivos y de sustancias calificadas normativamente como residuos peligrosos en las muestras de tierra y sustancia vegetal obtenidas en sectores de los campos donde la aplicación de agroquímicos se encuentra prohibida (lindantes a las escuelas rurales) y en otra porción de suelo donde la aplicación se efectuó sin el preaviso respectivo, en adyacencia de la localidad de Gardey, distante a unos 30 kilómetros de Tandil.

Ese hallazgo fue consecuencia del estudio técnico realizado en el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) de Balcarce.

Para la fiscalía la actividad agrícola quedó acreditada en el período investigado dentro de los campos con sustancias peligrosas incluidas en la ley nacional 24.051, de residuos peligrosos, y en infracción al ámbito del riesgo tolerado para el ejercicio de la actividad. 

La fiscalía pudo dar cuenta también de la nocividad para el ambiente y la salud de las sustancias halladas, por su inclusión en la nómina de residuos peligrosos incorporados a la legislación a través de la ley 24.051 y como consecuencia de los estudios científicos que demuestran el impacto negativo de su utilización.

La fiscalía puso de relieve que, respecto de la toxicidad crónica y a largo plazo de este último, la evidencia surgida a través de estudios epidemiológicos y en animales señala la necesidad de nuevos estudios e incluso –según detalló el fiscal- la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2015 que el Glifosato es “probablemente cancerígeno para los humanos”.

La posible condena

La ley nacional establece la misma escala penal que la prevista en el artículo 200 del Código Penal (de tres a diez años de prisión) para quien, utilizando los residuos a que se refiere esa norma, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

En el partido de Tandil rige una normativa local que prohíbe la aplicación de plaguicidas o biocidas a menos de 150 metros de distancia del límite con las escuelas y que exige el preaviso para la aplicación de las sustancias en las zonas lindantes a la última línea de edificación en la zona de Gardey.