Se trata de dos firmas investigadas por la Justicia de la ciudad de La Plata: Gral. Saneamiento SA y 5 de septiembre SA. Ambas vinculadas con el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. El gremio mantiene una alianza política con el intendente Pulti. Ya el Presidente de OSSE, Mario Dell Olio, destinó casi 2 millones de pesos para contratar a las mencionadas empresas. GRAL. SANEAMIENTO SA La empresa municipal Obras Sanitarias gastó $1.500.000 para implementar un denominado Plan “Pérdida cero zona Norte etapa I y zona Sur etapa II”. Gral. Saneamiento SA fue la elegida para realizar 878 trabajos de recambios y nuevas conexiones largas, medias o cortas de agua en todo el radio servido que OSSE posee junto con la correspondiente reparación de veredas. Marcelo Salinas, quien sería el titular de la firma Gral. Saneamiento SA, fue asesor de Armando Canosa, secretario de Transporte durante el menemismo, y tuvo sus minutos de fama en los programas de chimentos cuando, en el año 2006, contrajo matrimonio con la escultural vedette María Eugenia Ritó. Gral. Saneamiento SA está conformada por dirigentes y empleados del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), y está en la mira dado que funcionaría como tercerizadas desde finales de los años ‘90, en momentos en que el servicio de agua era prestado por la privatizada Azurix, empresa que se fue de la Provincia en el año 2001 en medio de un escándalo. Así fue como se conformó la estatal provincial Aguas de Buenos Aires (ABSA), con mayoría de participación de estatal, pero manteniendo como tercerizadas a Gral. Saneamiento SA, en un esquema muy similar al que adoptaron otros gremios, como la Unión Ferroviaria, la cual, con los trabajadores despedidos producto de las privatizaciones, conformó cooperativas con empleados que se desempeñan en negro, con contratos basura y en condiciones por demás precarias. BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA Una pormenorizada investigación judicial por irregularidades en las firmas “5 de septiembre SA” y “Gral. Saneamiento” podría arrojar datos reveladores sobre las oscuras conexiones políticas y empresarias que existen alrededor del negocio del agua. Tal como reveló 0223.com.ar, el presidente de OSSE, Mario Dell Olio, también contrató hace pocas semanas por el vidrioso camino de la contratación directa a “5 de septiembre” en el marco de un trabajo que supera los 200 mil pesos. Concretamente, la justicia penal de La Plata investiga un presunto fraude cometido en la prestadora de agua y cloacas “Aguas Bonaerenses SA” (ABSA) con el pago de facturas -en concepto de "honorarios por estudios y asesoramientos varios"- que resultaron ser de un pizzero, en una maniobra en la que estarían implicados funcionarios y un empleado de esa empresa, y un contador. Y en una de las derivaciones de esta investigación, renunció un miembro del directorio de la empresa bonaerense. En la causa, radicada en la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata integrada por Carlos Argüero y Esteban Lombardo, se dictaminó "prima facie" que un director, el gerente de administración y finanzas y un empleado de ABSA, en connivencia con un contador, habrían cometido fraude mediante presunto "ardid o engaño consistente en la creación de un falso vínculo contractual de 'proveedor' o 'asesor', a nombre de un hombre que, en realidad, se dedicaba al rubro gastronómico en la especialidad pizzería". ABSA, a cargo desde 2002 del servicio de agua potable y desagües cloacales en varias regiones de la Provincia, es una empresa en la que el 90% de las acciones corresponde al Estado bonaerense y el 10% restante a los trabajadores, de modo que representantes de ambos integran su directorio. En la investigación, los fiscales concluyeron que el pizzero, Carlos Lucci, era el titular de varias facturas por un total de 235.000 pesos pagadas por ABSA por "servicios de control y estudios". Pero, llamado a declarar, el comerciante indicó que nunca fue contratado por la empresa de agua, desconoció su firma en las facturas y dijo que su contador era Miguel Angel Roldán, según señalaron fuentes judiciales. Así, la Fiscalía sospecha que el contador se habría quedado con un talonario de facturas de su cliente Lucci y las habría utilizado en el presunto fraude, con la complicidad de funcionarios de la empresa que habrían permitido que en ABSA se liquidaran indebidamente sumas de dinero por servicios que en realidad no habrían sido prestados. En el expediente se indica que con ese accionar los imputados habrían logrado "no sólo el cambio del destino de los caudales públicos sino también la sustracción de los mismos en beneficio propio y de terceros, con claro perjuicio a los intereses de la empresa y por ende a las arcas de la Provincia". Y se definió el caso como configurado en los presuntos delitos de "uso de documento público falso, fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta". En la causa se remarca también que "existen motivos bastantes para sospechar, en principio, que los autores penalmente responsables son Julio Oscar Martínez, integrante del directorio; Jorge Héctor Di Leo, gerente de administración y finanzas; y Jorge Santellán, empleado, todos de la empresa ABSA; así como Miguel Angel Roldán", un contador que ejercía la profesión en forma particular. La investigación se inició cuando la Fiscalía descubrió en otro expediente judicial, por una presunta estafa cometida por escribanos, una serie de cheques de ABSA que habían sido emitidos a nombre del pizzero Lucci, y estaban endosados en favor del contador Roldán -imputado y detenido en aquella causa- y del empleado de ABSA Santellán, y depositados en sus cuentas bancarias. El director de ABSA Martínez, en tanto, habría autorizado el pago de las facturas de Lucci y renunció a su cargo cuando se inició esta nueva causa. El único detenido en la causa fue Roldán, porque ya estaba preso por el mencionado caso de los escribanos; mientras que Santellán fue llamado a indagatoria con eximición de prisión. Y también fueron citados a prestar declaración indagatoria Di Leo y Martínez. SINDICATO EMPRESARIO Vale señalar que Martínez había sido designado director de ABSA por la empresa “5 de Septiembre SA", que es la que ejerce la representación de los trabajadores que son a su vez accionistas de ABSA. En las asambleas de accionistas de ABSA, en tanto, el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA), Julio Castro, habría firmado las actas por “5 de Septiembre SA”. Pero además el sindicato que conduce Castro es el dueño del 90% de las acciones de la empresa Gral Saneamiento SA, cuyo presidente sería el abogado Marcelo Salinas. Y ambas empresas tienen contratos con “Aguas Bonaerenses SA”, que se renuevan periódica y automáticamente desde el 2002, según un pedido de informes aprobado por el Senado bonaerense. La “5 de Septiembre” presta "asistencia técnica en la gestión operativa" de ABSA y Gral Saneamiento SA tiene contratos para la reparación de averías en la vía pública y para nuevas conexiones. En Mar del Plata, las dos empresas investigas por la Justicia ya han ingresado de la mano del ingeniero Mario Dell Olio a la empresa municipal OSSE en el marco de jugosos trabajos cercanos a los casi 2 millones de pesos.
