La Justicia pide investigar a policías y "agitadores" por sedición

El fiscal federal general de Mar del Plata, Daniel Adler, emitió este lunes una resolución en la cual insta a la fiscalía de primera  instancia a que inicie una “inmediata investigación” debido a los posibles delitos que un grupo de “no menos de diez policías” habría actuado en connivencia con “agitadores civiles”.

Según detalla la resolución a la cual tuvo acceso este medio, se tomó la decisión de autoacuartelarse “para obtener beneficios salariales exigiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires una mejora en sus sueldos y beneficios”, pese a que sabían que “esas acciones implicarían la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas que aprovecharían esa situación policial de brazos caídos”.

En esa línea, el fiscal federal general indicó que el “autoacuartelamiento de personas que pertenecen a fuerzas de seguridad y portan armas de fuego implica un alzamiento en armas contra los poderes públicos” y señaló que esa acción está “reprimida en la ley penal argentina”. 

“Esas acciones y omisiones policiales ocurrieron no solo en Mar del Plata sino en todo el país, poniendo en riesgo la vigencia de las instituciones de la república y la Constitución”, agregó.

En cuanto a los delitos que podrían haber cometido estas personas, el representante del Ministerio Público fiscal federal indicó que las “acciones descriptas constituyen delitos de asociación ilícita agravada (artículo 210 y 210 bis) y sedición en concurso real (artículo 229 del Código Penal)”. 

“Los policías son garantes de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos y han vulnerado este mandato con un reclamo que puede tener sus razones pero no a costa de sacrificar el sentido de su misión. El no actuar de forma debida, cuando ello les es exigido por la ley ha contribuido a la producción de los robos, motivo por lo cual cabe imputarles su comisión a título de partícipes necesarios. Los hechos constituyen robo en poblado y en banda, en tal sentido deberán coordinarse los esfuerzos realizados con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia para la determinación de los hechos y los autores de estos delitos contra la propiedad a los efectos de las respectivas imputaciones”, añadió el escrito.

En ese contexto, el escrito de Adler indicó que “corresponde consecuencia promover la acción penal pública por los hechos descriptos, requiriendo al señor fiscal federal en turno recabe en forma urgente la información necesaria para identificar a los autores y los intime a hacer cesar las acciones ilegales, ello conforme las previsiones establecidas claramente en el Código Penal Argentino”.