Un hombre y su suegra fueron imputados por explotar a 9 bolivianos en una quinta

Una niña llorando en el centro de Mar del Plata hallada por un taxista fue el inicio de una investigación de la justicia marplatense que terminó por procesar con prisión preventiva a Toribio Jesús Gareca Gutiérrez y sin prisión preventiva por tener niños a cargo, a Lucrecia Arenas Baldiviezo, madre de la esposa de su coimputado. Ambos, de origen boliviano, están acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La imputación en la que tomó intervención la Fiscalía Federal N°2 a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, se agravó ya que ambas personas sacaron provecho de la situación de pobreza y vulnerabilidad social y económica de las personas que fueron encontradas en la quinta “Gareca”, ubicada a tres kilómetros de la ruta provincial 226, a la altura del kilómetro 17,7, Pasaje El Coyunco, sobre la mano que va sentido a Tandil.

Cuando el trabajador del volante llevó a la niña hasta la sala de salud “La Peregrina” para pedir ayuda, lo que le quedó claro a las autoridades del lugar es que la pequeña no quería volver al mencionado predio rural: contó que allí sus hermanos le habían pegado, que tenía que trabajar 14 horas diarias, limpiar la casa, cocinar y hacerse cargo del cuidado de sus sobrinos, bajo la mirada cómplice del dueño del lugar de explotación. Tenía prohibido salir, y la desobediencia le costaba agresiones y amenazas.

El avance de las pesquisas encabezadas por el fiscal Nicolás Czizik, derivó en varios allanamientos en la quinta Gareca y un predio ubicado en enfrente de ese lugar, donde se encontraron ocho personas captadas en Bolivia -entre ellas dos adolescentes de 17 años- que vivían en precarias condiciones habitacionales y en situación de explotación.

Las víctimas de este proceso estaban abocadas a realizar tareas de producción y cultivos de verduras tales como lechuga, radicheta, choclo, acelga, remolacha, repollo, verdeo. Ninguna estaba registrada, eran trabajadores en negro o clandestinos, y las jornadas laborales tenían una “extensión abusiva”, según se desprende del procesamiento, que también marca la falta de horas y días de descanso y la manipulación sin elementos de seguridad adecuados.

“Todos los trabajadores tienen procedencia boliviana, y previo a aceptar este trabajo se hallaban en condiciones de vulnerabilidad, atravesando una mala situación en su país de origen, hasta donde iban los imputados a ofrecerles trabajo, y el pasaje en algunos casos, mientras que en otros el costo del transporte debía ser devuelto con el fruto de su trabajo”, describió el juez que entiende en la causa, Santiago Inchausti.

De acuerdo a lo expuesto por el magistrado, las víctimas no pudieron precisar una cifra exacta o aproximada del dinero que recibían a cambio. “Desconocen en la mayoría de los casos cuánto es que ganaban, indicando solamente que dependería del producido y de las ventas, siendo que les corresponde un 30  por ciento de lo que los responsables vendan”. Ese monto, en todos los casos, era a compartir por grupo familiar o con otra persona, lo que resulta una remuneración “muy por debajo” de la mínima establecida por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para la actividad, que alcanza los 10.368 pesos.