“La Justicia no tiene una visión corporativa, sostenemos el derecho a la defensa y a un proceso justo”

La mayoría de los abogados y empleados que trabajan en la Defensoría Oficial acompañaron con su firma hace pocos días un comunicado en el que repudiaron las agresiones y escraches sufridos tras la sentencia por la muerta de Lucía Pérez y en el mismo sentido se manifestó un grupo de abogados penalistas de la ciudad. Más allá del cuestionamiento de familiares de víctimas por esas posiciones, la defensora oficial general Cecilia Boeri sostuvo que no hay una visión corporativa sino que sostienen el derecho a la defensa en juicio, a un juez imparcial y al justo proceso “para todos”.

En una charla con 0223 la funcionaria rescató el derecho a opinar y peticionar a las autoridades aunque dijo que ese cuestionamiento no puede dejar de lado otros derechos fundamentales como el respeto al justo proceso y el derecho a defensa de todas las personas.

En el quinto piso de Tribunales donde funcionan algunas de las doce defensorías del Departamento Judicial fue que Boeri se mostró preocupada por la elaboración prematura de juicios y de condenas con informaciones incompletas o erróneas y que no se tenga en consideración y se devalúe el juicio en sí. “Ese apuro hace que la prueba que se logra en juicio y que deriva en una sentencia no sea tenida en cuenta al igual que los mecanismos existentes para revisar los fallos”, señaló.

“Una cosa es pedir –propia del derecho de peticionar a las autoridades- y otra es agredir, insultar y desconocer el mecanismo constitucional, que aunque imperfecto, es el mejor que tenemos”, remarcó.

-Usted trabaja en el ámbito de la defensa desde 1994. ¿Alguna vez vivieron algo similar a lo que denunciaron en esta oportunidad como hostigamiento y escrache?

-Nunca en este nivel. Hemos sufrido en el anonimato agresiones, insultos y hasta corridas de personas. Desde hace tiempo, tenemos que salir por otros lados, esperar que la gente se vaya, no podemos dejar los autos en inmediaciones de Tribunales porque se les provoca daños. Hay un entorpecimiento de la labor de la defensa en ese sentido.

-¿Por qué considera que fue mayor en esta oportunidad?

-Si bien el caso tomó una trascendencia que nos permite que la opinión pública se interese por el valor de la defensa en juicio, en esta oportunidad pasó algo atípico como la primera información errada e imprudente. Los primeros que tenemos que preservar el juicio -porque ahí aparecen las pruebas- somos todos los operadores judiciales. No podemos, menos desde el Ministerio Público Fiscal, aseverar una hipótesis de ese tipo de entrada.

Boeri recordó que esa la misma semana en la que murió Lucía Pérez la ciudad se vio conmovida por otro hecho en el que intervinieron los mismos operadores judiciales. Héctor Picart y Lucía Sosa fueron acusados del abuso y muerte de su hija Yasmín, de 11 meses y estuvieron detenidos hasta que, casi dos años después, tras un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 los absolvieron porque no se pudieron  acreditar los hechos que se investigaban.

“A este matrimonio se les murió un hijo y les sacaron a los otros. Lo hizo la misma Justicia sin esperar la sentencia, tomando en cuenta la misma hipótesis (de empalamiento) que hicieron los médicos y que derivó en que los mismos vecinos quemaran la casa de la pareja”, contó.

Para Boeri en este tipo de casos queda demostrada la importancia de la labor de la defensa oficial para desmoronar este tipo de acusaciones. “El apresuramiento de algunos operadores hizo que este matrimonio estuviera detenido dos años y que al momento de su absolución no pudiéramos encontrarles refugio porque todos estaban con el prejuicio original”, agregó.

La funcionaria planteó que siempre aparecen fantasías cuando en el juicio se resuelve de manera diferente a la solicitada. “Que pusieron plata los carteles de la droga, para los peritos de la Corte, para éste o para otro. No estoy culpando a nadie, pero esto pasa cuando de entrada se supone algo y después ante las pruebas en juicio se descubre que no fue así”, indicó

Defensora oficial Laura Solari

-¿Cómo fue el trabajo de la defensoría con esa idea instalada desde el comienzo?

-Desde las primeras pegatinas de carteles en las paradas de colectivo que se hicieron a modo de escrache, la doctora Laura Solari sufrió una serie de situaciones que no la amedrentaron en absoluto sino que siguió su labor en forma eficiente. Nosotros entendemos la importancia de ejercer docencia en estos casos y explicar la necesidad del respeto a la Justicia.

-¿No hay una defensa corporativa de los operadores y abogados ante las críticas?

-No es una defensa corporativa, es mantener el derecho a la defensa en juicio, el derecho a un juez imparcial y al justo proceso. No es corporativo porque es un derecho para todos. El tema es que necesitamos dar una respuesta porque a veces parece que el otorgamos desde el silencio, desde callarnos y queremos manifestarnos. El problema no es que se agreda a jueces, fiscales o defensores, el tema es que se denoste el derecho a la defensa y a probar la inocencia.

-¿Dudaron en expresarlo públicamente?

-Evaluamos responder o no, pero consideramos que atento a la difusión mediática de esta situación era necesario dar una respuesta resaltando el valor de derechos fundamentales para todos los ciudadanos.

Boeri se mostró desmoralizada con los comunicados de algunos legisladores o profesionales que cuestionaron duramente la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 1. “Una cosa es que no guste el lenguaje de los jueces que ingresaron en algunos aspectos que hacían a la intimidad de la víctima, pero nos encontramos que sin conocerse los fundamentos algunos de ellos denostaban el fallo y seguían sosteniendo la hipótesis original de la fiscal", dijo.

Perspectiva de género

Para Boeri las defensorías trabajan con una perspectiva de género y en este caso lo hicieron de la misma manera. “Nunca se agredió la memoria de Lucía, en su alegato la defensa dijo que no hacía falta que ella hiciera referencia a los contenidos de algunos mensajes que estaban incorporados como prueba al expediente”, remarcó.

“Coincidimos en que en todos los casos hay que escuchar creyendo a la mujer, pero evaluamos que en un juicio debe considerarse la prueba”, insistió.

Sin embargo la defensora general le dio valor a algunas denuncias públicas que permiten posteriormente poner a la luz otros casos similares. En ese sentido ejemplificó que eso sucede con los casos de pedofilia donde a partir de persona que tienen el coraje para hacer una denuncia pública se genera un efecto que permite hablar y denunciar a otras personas que sufrieron lo mismo.

“Eso no que quita que después tiene que haber un juicio y garantizar el derecho de defensa para todos”, concluyó.