Otro centro que atiende a personas con discapacidad, en problemas por falta de pagos en Ioma

Un grupo de 40 afiliados se concentraron esta mañana en el interior de Ioma central, para reclamar por el cierre provisorio del Centro Recreativo Deportivo Especial (Crede), un  hogar de día que brinda atención a 55 personas con discapacidad, de los cuales unos 25 los cubre la obra social provincial. Los afiliados reclaman que Ioma hace 7 meses que no le paga al hogar y más de un año a los transportistas.

Al canto de “Crede no se va, Crede no se va”, los afiliados junto a sus chicos con discapacidad, reclamaban en el interior de la sede de Independencia 2742 por los pagos y se preguntaban “dónde estaba la plata” de los aportes descontados. Su principal preocupación es el futuro inmediato de los chicos “que van a quedar sin prestación y “nadie los va a tomar”.

En diálogo con 0223, Beatriz Domínguez, coordinadora de Crede, explicó que la situación que atraviesa la institución “es insostenible” debido a una deuda de casi 3 millones de pesos al centro de día y a los responsables del transporte.

“Los traslados los siguieron haciendo hasta hoy. Pero ya no pueden aguantar. Los papás hicieron los aportes toda su vida. No sólo hay estos problemas con las organizaciones que atienden discapacidad mental sino de los sectores médicos, tercera edad, oncología, HIV o insulinodependientes. Muchas son las prestaciones que no se están dando. Es una vergüenza”, exclamó y agregó: “Hace 30 años que trabajo con la discapacidad y siempre hubo situaciones difíciles en Ioma pero esta es la peor”, comparó.

“Desde lo legal se ha hecho todo”

Por su parte Gabriela Debenedetti, abogada de los beneficiarios explicó que “la ley de discapacidad ordena una cobertura integral a los afiliados pero Ioma autoriza coberturas parciales. Lo pedimos con la doctrina legal de la Corte de la Provincia. Todas las obras sociales pagan al 100% menos Ioma. Para que paguen al 100% los tenés que demandar, pero después tampoco cumplen las medidas cautelares impuestas por los jueces ni las sentencias definitivas. Luego los tenés que intimar al cumplimiento de la sentencia, cosa que los juzgados otorgan. Lo último que nos va a quedar es denunciar penalmente a la persona del funcionario responsable, que eso es la última jugada que nos queda. No hay respuesta alguna”, sentenció.  

En ese análisis, la letrada sostuvo que esta situación de falta de cobertura y de pagos “es casi o peor que en 2001, aunque peor en la demora” y apuntó sin nombrarlo al gobierno provincial porque “pagan lo menos posible”, “es una línea de la tijera del recorte”, concluyó.