Piden que sea ley la atención integral de la dislexia

Tras la reglamentación de la ley nacional sobre dislexia, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello remarcó que el objetivo es crear un Programa para la Detección Temprana, Diagnóstico, Tratamiento y Capacitación de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) en el sistema educativo y en el sistema de salud de la Provincia.

“Existen varias iniciativas en la Legislatura que van en esa dirección. La pronta sanción permitiría dejar atrás dificultades para la adecuada formación docente y para la cobertura que debería brindar el IOMA. También posibilitaría que el Estado brinde herramientas en hospitales públicos para poder dar atención a aquellos adultos y Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) a quienes se les detectó dislexia y no tienen obra social”, argumentó.

Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría, viene generando encuentros con Ongs, profesionales y docentes. En ese ámbito, se elaboró una guía básica de difusión. “Durante las reuniones nos plantearon que uno de los principales problemas es que no existen datos y no hay información certera sobre esta condición que, se estima, afecta entre un 10% y 15% de los niños y niñas. Desde la Defensoría apoyamos la lucha que vienen realizando estas entidades por la sanción de la Ley”.

La solicitud Martello apunta a lograr una síntesis de los proyectos impulsados por la exdiputada Valeria Amendolara (la legisladora María Alejandra Martínez presentó este año la reproducción) y por el senador Marcelo Pacífico, quien también volvió a presentar este año la iniciativa. “Necesitamos alcanzar un consenso rápido para poder contar con una herramienta que será fundamental en el abordaje integral de las Dificultades Específicas del Aprendizaje”, afirmó Martello.

El responsable del Observatorio de Derechos de NNyA remarcó que “hemos consultado a numerosos docentes de la Provincia, que están preocupados por la problemática, y nos expresaron su deseo de recibir capacitación. También nos dijeron muchos de ellos que solo conocen la existencia de cursos privados”.

Los proyectos que tramitan en la Legislatura contemplan un sistema público de capacitación docente para la detección temprana, prevención y adaptación de las formas de acceso a los contenidos educativos por parte de los alumnos disléxicos, disponiendo al mismo tiempo de un sistema integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en particular. También obligan al IOMA a garantizar la cobertura. “El no poder acceder a los tratamientos vulnera los derechos del niño. Vemos, asimismo, que es una problemática que se siente con mucha fuerza en el interior bonaerense”, agregó el responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Defensor del Pueblo Adjunto destacó que la ley 27306, que declara de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan DEA, “fue un gran avance”. Pero también consideró que “vemos con preocupación que varios artículos esenciales de esa norma aún no hayan sido reglamentados. Entre ellos, el que establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe designar una autoridad de aplicación”.

“El artículo 9 de la ley 27306, que estipula la obligación de brindar servicios médico-asistenciales para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las DEA, solo abarca a las obras sociales y agentes de salud nacionales. Es decir, no alcanza al IOMA, que es la principal obra social de la Provincia. Por eso se requiere la urgente sanción de la norma provincial”, concluyó Martello.

Cabe destacar que distintas jurisdicciones, como Chubut y Córdoba (en Entre Ríos se dio media sanción), ya adhirieron a la ley nacional y sus respectivas legislaturas aprobaron normas que establecen sus propios programas para la Detección Temprana, Diagnóstico, Tratamiento y Capacitación de las DEA.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, una de las pocas normativas específicas que existen es la Disposición N° 59, que fue elaborada en el año 2013 por la Dirección General de Cultura y Educación a pedido de la Asociación Disfam (Dislexia y familia). La disposición contiene algunas de las estrategias incluidas en la ley nacional, pero su aplicación en el sistema educativo bonaerense fue prácticamente nula.