Transporte: Arroyo rechazó prorrogar los contratos y anunció la licitación del servicio 

A pocos meses de que finalicen los actuales contratos, el intendente Carlos Arroyo anunció este viernes que dio "la orden de licitar lo antes posible” la concesión del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en el distrito de General Pueyrredon. 

La concesión original otorgada en el año 2005 durante la gestión del exintendente Daniel Katz, llegará a su fin en mayo de 2019.

Este viernes, el jefe comunal explicó que ya se está diseñando un nuevo pliego mediante el cual serán propuestas algunas modificaciones y mejoras en el servicio. “Quiero una licitación, no quiero más prórroga”, remarcó el jefe comunal. 

En ese contexto, el Ejecutivo local está trabajando en un nuevo esquema de transporte público urbano de pasajeros, en el que se irán incorporando todas las propuestas viables en función de las circunstancias actuales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon rechazó también la posibilidad de que pueda prorrogarse por tres años la vigencia del contrato de concesión del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, al recomendar al Departamento Ejecutivo que se proceda en tiempo y forma al llamado a licitación para una nueva concesión.

 “Como se recuerda en diciembre de 2005 se realizaron las licitaciones para concesionar el servicio. Nos encontramos ante la proximidad de la culminación del plazo contractual de la concesión de dicho servicio público; no obstante lo cual la ordenanza prevé un plazo de 3 años de prórroga, opción que debe ser interpretada con carácter restrictivo y siempre que concurran justificados motivos para acceder a ella”, destacaron desde la Defensoría del Pueblo.

A su vez, remarcaron que “la prórroga es una facultad unilateral exclusiva del municipio, que puede o no otorgarse, no existiendo derecho alguno al concesionario para solicitarla. No existen razones válidas para otorgar una prórroga, sin perjuicio de lo que puedan solicitar al respecto los grupos empresariales”.

A continuación, señalaron que “para procederse a la prórroga, deben existir cuestiones fundamentadas de interés público, basadas en motivos de oportunidad, mérito o conveniencia que no se dan en la situación tratada”. “Asimismo  existe en la ciudadanía en general un grado alto de insatisfacción por la modalidad de prestación del servicio de transporte colectivo. Es tiempo propicio para tomar la experiencia de estos 12 años de vigencia del contrato, para reformular lo necesario en cuanto a mejorar el sistema de transporte”, advirtieron.

“La regla debe ser la finalización del contrato en el plazo estipulado, siendo la prórroga del mismo excepcional, no automática y que debe fundarse en estrictas razones de interés público, que claramente no existen en el caso de autos, destacaron.

Para finalizar,  desde la Defensoría del Pueblo agregaron que “existen notorios motivos para que se prepare un nuevo llamado a licitación, con los replanteos pertinentes, a fin de iniciar al fin de la actual concesión, un nuevo período ‘aggiornado’ surgido de la igualdad y la libre competencia entre los oferentes”.