Tasa vial: radiografía de un nuevo conflicto que enfrenta a Arroyo con la UCR

Hernán Mourelle se sentó en soledad en el despacho principal de la Municipalidad y, con una placa detrás, explicó los pormenores del veto que el intendente firmó para anular la reducción de la tasa vial, que 4000 productores rurales de General Pueyrredon pagan para el mantenimiento de los caminos rurales.

La medida, que es una de varias que el funcionario ideó cuando asumió el control de las arcas municipales, esconde una batalla que cada vez sale más a la luz: el arroyismo versus el radicalismo.   

Mourelle llegó a Mar del Plata enviado por el ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza en septiembre del año pasado. Con el objetivo claro de “ordenar” los números de un municipio que muchos tildan de inviable comenzó a aplicar medidas de fuerte impacto, varias de las cuales luego fueron revertidas por la justicia.

En el gobierno provincial siempre lo definieron como “un técnico” sin un rol político. Sin embargo, su estilo explosivo comenzó a darle peso propio y a ser criticado por propios y extraños. Esa línea directa que tenía con el equipo económico de Lacunza se fue deteriorando con el correr de los meses hasta que, tiempo atrás, desde el entorno del ministro de Economía provincial lo desconocieron: “Ya no lo consideramos como propio”.

El deterioro de ese lazo fue directamente proporcional al crecimiento de su relación con el intendente Arroyo, quien comenzó a darle un papel primordial dentro del gabinete.

Desde ese momento, su relación con el radicalismo fue tensa. Los dirigentes del partido centenario, muchos de ellos con paso por gestiones anteriores que eran blanco de las críticas de Mourelle, no toleraban –ni toleran- que “un tipo que viene de afuera y no conoce Mar del Plata diga cómo hay que hacer las cosas”.

Mourelle no parece ser un dirigente interesado en los eufemismos: en estos meses acusó a los radicales de hacer lobby a favor de los poderes concentrados y le pidió a los vecinos de Mar del Plata que no voten más a Vilma Baragiola. Esas críticas públicas las escucharon reiteradas veces distintos dirigentes de la oposición con los que Mourelle logró entablar una relación más fluida que con los radicales, integrantes de la coalición de gobierno.

Este miércoles, el secretario de Hacienda, sin el respaldo explícito de ningún otro funcionario de Arroyo, pero con el aval del propio intendente, hizo público la decisión de vetar la ordenanza que el Concejo había aprobado en la sesión del 9 de agosto. Y sin nombrarlos directamente volvió a hablar de sectores que hacen lobby para impedir que los productores rurales del segundo cordón frutihortícola más importante de la Argentina paguen una tasa que le permitirá al municipio reparar los caminos que ellos mismos utilizan. “Todos los vecinos terminan pagando por ese servicio”, insistió.

El caso de los productores rurales puede unirse a otros cambios que propuso Mourelle cuando elaboró los proyectos de ordenanza fiscal e impositiva: eliminar exenciones a sectores exportadores y productivos y a colegios profesionales. Esos cambios fueron resistidos por los protagonistas, que encontraron eco en el Concejo Deliberante, por lo que finalmente no se incluyeron en la ordenanza. “Volveremos a insistir este año”, anticipó Mourelle.

Pero además de seguir convencido de que eran cambios favorables para Mar del Plata, el secretario de Hacienda aprovechó que la atención estaba centrado en esos sectores para aplicar otras modificaciones, como la suba a los productores rurales o a las mineras. “En las idas y venidas, íbamos haciendo cambios. Esta suba fue aprobada por los concejales que se ve que no estudiaron el proyecto”, reconoció un hombre del Ejecutivo municipal.

Cuando los productores rurales advirtieron que la tasa por la que pagaban 52 pesos por hectárea al año o 104 (de acuerdo al tamaño del campo) pasaba a 260 0 520 pesos pusieron el grito en el cielo. Y fue la radical Cristina Coria la que canalizó ese grito en el proyecto de ordenanza que reducía a la mitad esa suba y que este miércoles fue vetado por el Ejecutivo.

Para justificar su decisión, el secretario de Hacienda sostuvo que los productores pequeños (2.150 cuentas) suman 900.000 pesos de productividad al año y deben destinar 10.400 pesos a la tasa vial. Los productores más grandes, con campos superiores a las 120 hectáreas (1.850 cuentas) producen 24.300.000 al año y pagarían 468.000 pesos para reparar los caminos rurales. Estos datos que presentó el municipio seguramente serán rebatidos por los productores.

Los ruralistas ya anticiparon que el tema se dirimirá en la Justicia, donde a Mourelle no le ha ido bien. Cuando le dejó de pagar el sueldo a la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales por no ir a trabajar o cuando le aplicó una multa millonaria a la empresa basurera 9 de Julio, la justicia en lo Contencioso Administrativo lo obligó a dejar sin efecto esas medidas. Sin embargo, esta vez, asegura que “no hay argumentos jurídicos” para modificar esta decisión.

Tampoco parece haber argumentos políticos. Sin el apoyo del arroyismo y de Unidad Ciudadana, el radicalismo no podrá rechazar el veto del intendnete, pues necesita dos tercios del Concejo Deliberante, es decir 18 votos.

No es casualidad que el veto haya llegado después de la sesión en la que se aprobó el aumento del boleto de colectivo. Luego de muchas idas y venidas, el arroyismo logró aprobar la suba escalonada con el acompañamiento del radicalismo que se había mostrado reacio a dar sus votos. Tal vez esa historia del jueves pasado, con el veto a cuestas, hubiese sido distinta. Queda mucho para 2019 y seguramente la UCR tendrá oportunidad de cobrarse esta factura.