No avanza el plan de Arroyo para ceder un predio lindero al Faro

El polémico convenio que firmó el intendente Carlos Arroyo con un asociación de exmarinos para cederle le explotación de un predio en el Faro de Punta Mogotes, lindero al centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura cívico militar comenzó a ser tratado en el Concejo Deliberante, pero ante la posibilidad de que sea rechazado el propio oficialismo pidió que quede en comisión para “plantear algunas modificaciones”.

Desde que 0223 hizo público el polémico convenio entre Arroyo y Osvaldo Augusto Menecier, titular de la Asociación Civil Centro Recreativo Luis Piedrabuena, se desató una fuerte polémica por la decisión del jefe comunal. Es que se trata de un sector privilegiado de Mar del Plata, que esta ONG integrada por exmarinos –pese a que no tiene ninguna relación formal con la Armada- podrá explotar a cambio de un canon anual de 80 mil pesos.

Este martes, el expediente fue tratado por la comisión de Obras, sin la presencia del jefe de la bancada de Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo. En ese contexto, desde el oficialismo plantearon la necesidad de que el expediente quede en comisión para realizarle algunas modificaciones.

“Tomó esa decisión por el riesgo de que sea archivado”, dijo la concejal de Acción Marplatense Claudia Rodríguez, quien rechazó la propuesta del jefe comunal. “Tenemos la misma postura que otras unidades turísticas fiscales. No creemos que esta gestión debiera entregar el predio”, deslizó.

El predio en cuestión está ubicado en la Avenida de los Trabajadores al 5700. Los exmarinos explotan desde hace años el inmueble donde realizan actividades “lúdicas, recreativas, de esparcimiento, terapéuticas, ocio, para distintas escuelas, centros de jubilados, pacientes, y todos aquellos dispuestos a gozar de la belleza y del entorno del lugar”, según dice la iniciativa que Arroyo envió al cuerpo legislativo.

Lo más polémico del caso es que ese espacio fue recuperado por el municipio a partir de impulsar una medida judicial para desalojar a Menecier que en 2005 creó la asociación civil a través de la cual hoy busca quedarse con el predio por una suma menor  los 7 mil pesos mensuales.