Se cumplen 5 años de la masacre de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México cumple un lustro sin registrar resultados contundentes y con la versión oficial del Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto más desacreditada que nunca, tras la liberación de decenas de presuntos responsables que vuelve la investigación a fojas cero.

Una de las primeras medidas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue la creación de la Comisión por la Verdad que permitiera obtener resultados favorables para las familias que buscan el paradero de los normalistas. Luego de un año, esta semana comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala para encontrar indicios de los jóvenes.

"El proceso afronta enormes retos la investigación de este caso, que mostró con toda su crudeza la realidad apabullante de las desapariciones forzadas en México”, dijo a EFE Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias.

Peña Nieto dejó la Presidencia en diciembre del año pasado y hasta su último día de mandato el Ejecutivo que encabezaba defendió la versión oficial de su Gobierno, conocida como “verdad histórica”, sobre la tragedia sucedida la noche del 26 de septiembre de 2014.

La investigación gubernamental concluyó que policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 jóvenes, que estudiaban magisterio en la escuela normal rural de Ayotzinapa, y los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cártel rival.

Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.

“Concluyeron que la teoría oficial del caso no se soportaba en suficientes pruebas científicas”, expresó Aguirre, quien señaló que en los dos últimos años la situación “se agravó porque el caso comenzó a caerse en los tribunales que concluyeron que las pruebas no soportaban la realidad”.

Eso explica que en días recientes se produjo la liberación de 24 expolicías municipales presuntamente implicados en el caso, jornadas después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

“Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales”, dijo Aguirre al señalar que 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas “ilícitas” al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o detenciones arbitrarias.

Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.

La comisión presidencial tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.

Con todo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.

“Sin duda alguna, en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia”, lamentó Aguirre, quien señaló a Peña Nieto por haber “estirado” durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso.