La Corte Penal Internacional acusó al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad

La fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que "existe fundamento" para creer que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela.  Según el 'Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020' que se dio a conocer este lunes, "luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017". 

En el documento se recuerda que “la situación en la República Bolivariana de Venezuela ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018”. “El 8 de febrero de 2018, la Fiscal abrió un examen preliminar de la situación en Venezuela, al menos desde abril de 2017. El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto”, entre los que están Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, “en relación a la situación en Venezuela”, afirma el documento, al recordar que esos países solicitaron que se iniciara una investigación por “crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.”
 

Asimismo, el 'Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020' recuerda que, en el año 2000, Venezuela depositó su instrumento de ratificación del Estatuto y que, por esa razón, "la CPI tiene competencia respecto los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela, o por sus nacionales, a partir del 1.º de julio de 2002”.

En el texto se afirma que “la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional (…)”, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad
comparable, y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. 

Asímismo, el informe de la CPI asegura que  "la información a disposición de la Fiscalía brinda un fundamento razonable para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), el
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro
(CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)". 

También se afirma que  la información de la que dispone la CPI "indica que individuos a favor del Gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento". 

Y va más allá, pues se dice que "en relación con el presunto rol de los actores mencionados, el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes".

En el informe se recuerda que la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, se reunió el pasado 4 de noviembre con el fiscal general de Venezuela,  Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, y menciona la voluntad de la delegación venezolana para colaborar con la Fiscalía.  Asímismo, señala que  "las autoridades venezolanas presentaron una respuesta inicial al pedido de información de la Fiscalía relativo a los procesos nacionales relevantes" y que  el material recibido será incorporado a la evaluación de la Fiscalía. 

"Respecto del alcance de sus constataciones hasta la fecha sobre presuntos crímenes, la Fiscalía desea recordar que el objetivo principal de un examen preliminar es determinar si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones", dice el informe en el que se concluye que "la Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021".