Investigan una millonaria licitación en la central eléctrica 9 de Julio durante la gestión de Vidal

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en una investigación de una contratación de más de 100 millones de dólares que se llevó a cabo durante la gestión de María Eugenia Vidal en la central eléctrica 9 de Julio de Mar del Plata.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, tenedor mayoritario de las acciones de la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A. (CCA) ordenó realizar una auditoría integral ante presuntas irregularidades y anomalías en la contratación y la ejecución de una obra que se llevó a cabo en 2016, bajo la administración de la ex gobernadora del PRO.

Desde el Gobierno de Axel Kicillof impulsan una revisión sobre el contrato de 101 millones de dólares que se le adjudicó en tiempo récord a la empresa Proenergy Service de Argentina S.R.L. En 24 horas se analizaron las cuatro ofertas que se habían presentado y salió ganadora la firma que conducía por entonces Thierry Decoud.

A esto se le suma que la orden de compra emitida por CCA se hizo a favor de Proenergy Services LLC, mientras que el oferente del concurso fue Pro Energy Service de Argentina SRL. Es decir, otro titular. Asimismo, las autoridades bonaerenses investigan también una modificación entre la empresa que ganó la licitación y CCA en el pliego del concurso. Según indicaron, se habría eliminado el fondo de reparo y las garantías de funcionamiento, lo cual conllevaría un riesgo para la empresa estatal.

Durante el segundo año de gestión de Vidal  se realizó el concurso de precios Nº 590 para la ampliación de la potencia de la planta de energía eléctrica ubicada en el Puerto de Mar del Plata. La obra en cuestión implicaba la ampliación en 100 megavatios (MW) de potencia, que se licitó bajo la modalidad "llave en mano". El pliego de condiciones que rigió el concurso incluía concebir, construir y poner en función la obra.

Otro de los puntos en cuestión son las condiciones. Si bien estaba previsto que CCA se responsabilizara de la maquinaria para la generación de energía una vez que estuviera instalada en Mar del Plata y que se efectuara la recepción provisoria, Pro Energy lo modificó en su oferta indicando que el cambio de titularidad de los mismos operaba cuando estaban listos para el embarque en el exterior. Finalmente, los costos de traslado, impuestos aduaneros, aranceles de comprobación de destino y multas corrieron también por parte la empresa estatal.

Además, la empresa que habría salido beneficiada por la gestiones de la anterior administración tampoco incluyó dentro del precio el servicio de mantenimiento no programado, sino que indicó que el mismo sería ejecutado bajo una negociación tarifaria entre ellos y CCA, lo que implicaría un perjuicio económico para la firma argentina que cuenta con otras tres centrales en el resto de la Costa Atlántica.

A lo anterior se suma la penalización por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por más de 12 millones de dólares por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Central en tiempo y forma. La deuda la canceló CCA cuando, en principio, la responsabilidad operativa de no haber cumplido fue de Pro Energy.