Condenan a pareja dueña de agencia de viajes que estafó a más de 50 personas

Vuelos, traslados, estadías y paquetes completos de vacaciones fueron algunos de los servicios que los dueños de la empresa de turismo Kasper cobraron por adelantado, nunca contrataron y quedaron al descubierto tras la denuncia que algunos damnificados hicieron a través de 0223 en marzo de 2018. Más de tres años y medio después Eduardo Strago y Analía Canet fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado.

Los hechos quedaron al descubierto cuando en marzo de 2018 los primeros damnificados confirmaron que desde la agencia que funcionaba en Olavarría al 2800 nunca se habían abonado los vuelos, hospedaje o paquetes contratados. Al encontrar el local cerrado, esos primeros damnificados crearon un grupo de WhatsApp al que se sumaron más personas que hicieron la denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos.

Pena de ejecución condicional y quiebra

El fiscal David Bruna había solicitado que la pena de Strago fuera de cumplimiento efectivo mientras que la defensa de los dos imputados –a cargo del abogado Matías Quiñones- insistió en que ambos tuvieran la misma modalidad de cumplimiento.En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el Juez Correccional Pedro Hooft consideró los informes de solvencia y concepto, la situación de quiebra de ambos imputados y la crítica situación del sistema penitenciario provincial para mantener ambas penas en suspenso.

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y consideró como atenuantes el buen concepto vecinal y la ausencia de antecedentes condenatorios de ambos encausados.

Para Hooft fueron agravantes la reiteración delictiva por la realización de 58 estafas entre julio de 2017 y marzo de 2018 y la extensión del perjuicio ocasionado por una suma más de 2 millones de pesos, 800 Euros y algo más de 93 mil dólares según los montos denunciados por cada uno de los damnificados.

La modalidad de ejecución condicional de la pena impuesta seguirá mientas ambos mantengan su domicilio o informen cualquier cambio, se sometan al control del Patronato de Liberados y donen 100 kilos de alimentos a una institución de bien público en forma total o fraccionada, de índole variada y debiendo ser un 40 por ciento leche en polvo.

Por otra parte el reclamo por el dinero que perdieron los denunciantes se tramita en el expediente de quiebra que lleva adelante la Justicia Civil y Comercial.