En los primeros cuatro meses de 2021, en Argentina hubo un femicidio cada 33 horas

Durante el primer cuatrimestre del año, en todo el país se registraron 77 Femicidios y 8 crímenes vinculados; lo que hace un total de 85 hechos, es decir, un femicidio cada 33 horas, según surge de un informe realizado por el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata.

Tras considerar que la violencia masculina “es sostenida y reproducida por el Estado” -no sólo por la omisión de medidas para prevenirla, sino también porque mantiene la impunidad de los perpetradores, muchas veces, a través de instituciones y funcionarios- desde el espacio pusieron en foco el dato que indica que en los últimos siete años, uno de cada 15 policías bonaerenses fue acusado de violencia de género; el porcentaje de sanciones expulsivas es “absolutamente escasa” y más del 80% de los acusados sigue en funciones.

“El Estado es responsable de los femicidios por omisión, ausencia o desidia al apañar en lugar de sancionar administrativa y penalmente a funcionarios públicos que no actúan en forma inmediata, sea en la búsqueda ante una desaparición, no recibiendo denuncias o archivándolas. Luchar contra la violencia machista no es un tema solo judicial o policial, es una urgencia social”, sostuvieron desde el sector.

En ese sentido, las referentas del Ofmmm subrayaron la necesidad de “planificar políticas desde la urgencia”, sobre todo, si se tiene en cuenta que creció el número de casos de violencia machista desde el inicio de la pandemia del Covid-19, que durante gran parte del año pasado obligó a muchas mujeres a permanecer junto a sus agresores. También advirtieron que gran parte de los femicidios son cometidos por agresores que no cumplen con la restricciones perimetrales y por eso valoraron un proyecto de ley que impulsa la diputada nacional de Entre Ríos, Carolina Gaillard, quien apunta a modificar el Código Penal para que el agresor sea detenido en caso de cometer ese incumplimiento. 

La iniciativa de la legisladora del Frente de Todos busca no sólo el aumento de las penas que actualmente se prevén por el delito de desobediencia en el caso que se incumpla con la restricción penal, sino que también agrava las sanciones a los funcionarios públicos por omisiones o dilaciones en la asistencia y protección de las víctimas. La medida propone que la detención, que actualmente es de entre 15 días y 1 año, pase a ser de 3 a 5 años de prisión.

“Se debe desde el Estado convertir a la lucha contra la violencia de género y diversidad en una política de Estado y para ello es necesario políticas públicas efectivas, por ejemplo los Programas que se han bajado desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, vayan acompañados con presupuesto necesario para llevar las adelante las mismas sino lamentablemente quedan solo en palabras. Y cuando nos referimos a femicidios nos tenemos que referir a esxs niñxs que quedaron huérfanxs”, puntualizaron, en relación a la ley Brisa, que establece una reparación económica para lxs hijxs de víctimas de femicidios y consiste en un haber mínimo jubilatorio para quienes sean menores de 21 años y de por vida en caso de personas con discapacidad. 

Por otra parte, desde el Observatorio evaluaron el impacto de la violencia de género entre mujeres adultas mayores, en donde se observan mayores dificultades para poner fin a las relaciones conflictivas. "Las mujeres de edad pueden haber sufrido maltrato de forma continuada sin ser conscientes de ello, desarrollando sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia. Se ven particularmente afectadas por las tradiciones sexistas y la asunción de los roles de género tradicionales, lo que dificulta la visibilización de las situaciones de maltrato y la presentación de denuncias”, explicaron al respecto. 

A su vez, remarcaron que la vulnerabilidad se acentúa cuando se unen a la edad factores como la discapacidad, por ejemplo, que disminuye su autonomía personal. “Estos informes son cruciales para dar seguimiento a la efectividad y eficiencia de las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia, además nos permiten evaluar para mejorar el accionar de los organismos e instituciones que intervienen”, manifestaron al respecto.