Disputa por el 147, un secreto en el Aeropuerto y el descuido de los concejales

Dos empresas compiten por el Call Center del 147

Dos firmas se presentaron a la licitación para brindar el servicio del Centro de Atención al Vecino –Línea 147-. La actual prestadora GIV SRL y su competidora GSA Collections presentaron sus propuestas el pasado 24 de octubre, las cuales cumplieron, prima facie, los requisitos legales, aunque ello deberá ser analizado en detalle por la Comisión de Estudio de Ofertas  y Adjudicación. Una vez cumplido dicho trámite, se fijará fecha para la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas.

Son 108 los millones en juego en la Licitación Pública 29/22 para brindar el servicio por el plazo de dos años, con la posibilidad de una prórroga de dos años. Precisamente, al “círculo rojo” le llamó al atención que el gobierno no haya hecho uso de la posibilidad de prorrogar el actual contrato, firmado en 2020, por otro año, como lo habilitada el Pliego de Bases y Condiciones y, en su lugar, llamar a una nueva licitación. Giv brinda el servicio en Mar del Plata desde 2012 y tiene como principal cliente al propio gobierno porteño.

El servicio a contratar no solo contempla el call center telefónico, sino también las comunicaciones vía chat, mail, wasap y redes sociales. Actualmente, de lunes a viernes de 8.30 a 20.20 los vecinos pueden comunicarse a la Línea 147 para adquirir turnos para certificado de discapacidad, pases de discapacidad para transporte, turnos de licencia de conducir y de salud. Además, se pueden realizar denuncias por personas en situación de calle o referidas al alumbrado público, estado de semáforos, el arbolado urbano, vehículos abandonados o pirotecnia sonora. Asimismo, mediante esta línea, se puede tomar contacto con Inspección General y Bromatología.

Nuevo protocolo de seguridad “secreto” en el Aeropuerto

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dispuso la puesta en vigencia de un nuevo Programa de Seguridad de Estación Aérea (PSEA) del Aeropuerto Internacional de Mar del Plata Astor Piazzolla, a fines de adaptarlo al Reglamento de Seguridad de la Aviación creado este año. Allí, se unifican los criterios que deben cumplir los PSEA que rigen en cada aeropuerto del país, los cuales se enmarcan en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de la República Argentina (PNSAC).

A través de el, se tiene por objeto el establecimiento de normas y procedimientos aplicables para la protección de los pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.

El contenido de nuevo PSEA se mantendrá en secreto “con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA comprometa el cumplimiento de sus objetivos”. Por ello, las autoridades de la PSA dispusieron otorgarle el carácter de “reservado”, se explicó en la Disposición 1136/22 dada a conocer en los últimos días.

Una omisión que hizo barajar y dar de nuevo

En abril, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 25.489 por la cual se autorizó la reprogramación de la deuda contraída con la Provincia en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, una iniciativa por la cual se financió desde La Plata a los municipios para cumplir con el pago de salarios y otras obligaciones durante la pandemia.

Sin embargo, a las autoridades legislativas se les pasó por alto cumplir con una segunda instancia, la aprobación a través de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Por este motivo, el intendente volvió a presentar nuevamente el proyecto de ordenanza, aprobado este jueves. Ahora, se deberá, finalmente, convocar a la respetiva Asamblea.

La deuda contráidas por los diversos municipios debían comenzar a ser pagadas desde enero, pero a pedido de los intendentes, la Provincia reprogramó el pago en 18 cuotas desde diciembre de 2022. En el caso de General Pueyrredon, la deuda asciende a 235 millones de pesos, que terminarán de cancelarse en mayo de 2024.