Tras el escándalo de D´Alessandro, Rodríguez Larreta suma a su gestión a Eugenio Burzaco

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, designará a Eugenio Burzaco al frente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y desplazará definitivamente a Marcelo D´Alessandro, quien se encontraba de licencia desde enero tras quedar envuelto en un escándalo por una serie de chats suyos que se filtraron.

D´Alessandro se había tomado licencia hasta el 6 de abril pasado luego de quedar en el ojo de la tormenta por un viaje juntos a jueces y funcionarios del Poder Judicial a Lago Escondido. Se espera que la oficialización del cambio en el gabinete de gestión de Capital Federal se produzca en las próximas horas.

Burzaco fue diputado nacional, secretario de Seguridad del ex presidente Mauricio Macri y es un hombre muy cercano al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro: ambos fueron protagonistas en la creación de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.

El escándalo político de D´Alessandro

Luego del viaje a Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis, en los primeros días de diciembre se filtraron chats de D´Alessandro con supuestas conversaciones con Silvio Robles, uno de los colaboradores más estrechos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y con el empresario Marcelo Violante, de las compañías Dakota y BRD, que tenía la concesión del servicio de acarreo en la Ciudad. El funcionario negó que los chats fueras ciertos y acusó al oficialismo de una operación de espionaje en su contra.

En ese sentido, este martes fueron allanados cuatro domicilios en Misiones ligados al espionaje y robo de identidad de D´Alessandro. La Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), a cargo de Daniela Dupuy, solicitó la realización del exhorto ante la jueza María Araceli Martínez para que el Juez con competencia en lo Penal en la localidad de El Dorado, Misiones, ordene el allanamiento de quienes podrían estar vinculados al robo de la línea telefónica y manipulación de conversaciones que el funcionario habría mantenido a través de Telegram.

La fiscal, además, requirió el secuestro de los dispositivos de almacenamiento informático, documentación y anotaciones que puedan estar vinculadas a la maniobra pesquisada. Al momento, los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.