Neme pidió que el Concejo acompañe el proyecto de ley para declarar servicio esencial a la educación

En medio del inicio de las clases, el concejal Agustín Neme presentó una iniciativa para que el Concejo Deliberante acompañe y respalde el proyecto de ley que presentó el Pro en la Cámara de Diputados para declarar servicio esencial a la educación y garantizar los 180 días de clases.

A través de la propuesta del presidente del bloque oficialista Vamos Juntos, se expresa beneplácito y acompañamiento al proyecto de ley “Continuidad del Aprendizaje y Derecho que Proteja la Escuela” presentado en Diputados por el Pro, donde se busca declarar a la educación como “servicio estratégico esencial”en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar. De este modo, se pretende “garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.

"El sistema de educación debe pasar a ser considerado un servicio esencial como son los hospitales y la seguridad. La educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Debemos como sociedad dar este paso fundamental con el objetivo de garantizar los derechos educativos de nuestros jóvenes", manifestó Neme.

En esa línea, agregó que “como sociedad debemos dar de una vez por todas discusiones de fondo que mejoren la realidad. La educación en este sentido es fundamental, debemos contar con herramientas contundentes en este sentido, por eso que este proyecto se convierta en ley y lograr que la educación sea un servicio esencial resulta imprescindible. Debe haber en este sentido un cambio de paradigma en nuestro país que cuide el presente y futuro de nuestros jóvenes”.

El proyecto de ley es impulsado por los diputados Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, y allí se fija el establecimiento de “una garantía de protección y promoción integral de los derechos de niños y adolescentes, a través del cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”. La propuesta retoma un aspecto planteado en la Ley Ómnibus, donde además se limitaba el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, con un piso de servicio que debía prestarse obligatoriamente.

“La falta de servicio educativo es una anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctimas con el servicio y el grado de previsibilidad”, concluyó la propuesta en el ámbito local que en los próximos días comenzará a debatirse en comisiones del Concejo Deliberante.