Ley Bases: los acuerdos en vilo antes de la histórica sesión de este miércoles

Comienza un miércoles fundamental para Javier Milei y su gestión. La aclamada Ley Bases se trabó más de la cuenta según su consideración, tuvo que confiar en Guillermo Francos las negociaciones con los senadores y ni siquiera de esa manera tiene el éxito garantizado. El parlamento discute puntos particulares, en su mayoría. Por dónde pasarán los principales debates, en paralelo a la videoconferencia que tendrá ocupado al Presidente con Elon Musk.

Puntualmente la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (Rigi) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas claves para el gobierno nacional.

Uno de los capítulos que genera debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto de la Propiedad Industrial (Inpi), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y el Banco Nacional de Datos.

También hace ruido el Régimen de Promociones de Inversiones (Rigi), de 200 a 900 millones de dólares, el cual está destinado a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y estabilidad fiscal. La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del Rigi, al disponer que una empresa extranjera que está comenzando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, por lo cual forman parte del desacuerdo hasta los senadores dialoguistas. Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

En el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales se propone una concesión parcial, es decir, que estén abiertas a incorporar capital privado. En Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) se fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Por otra parte, está en discusión la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros, y 2.3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados. Solo se mantendrán las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida. Se estima que volverían a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible, con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados, de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.

Por último, el capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018, en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.