Acuerdo oficialista sobre cómo regular las apps: el registro será solo para las empresas y no para conductores

El gobierno de Agustín Neme y los bloques oficialistas acordaron un proyecto unificado para regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en General Pueyrredon, luego de meses de incertidumbre ante la falta de una definición del Ejecutivo. El eje central de la normativa, que se transformará en ordenanza el próximo jueves, es un cambio de enfoque: el registro contemplará únicamente a las empresas y no a los conductores.

La novedad se conocerá a través de un nuevo proyecto que será ingresado en la previa de la reunión conjunta de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación, pautada para este martes al mediodía. Allí se sintetizan los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y las distintas posturas de los espacios ligados al oficialismo, aunque la redacción final prácticamente descarta todos los aportes sustanciales del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

La iniciativa crea el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad, en el que deberán inscribirse únicamente las aplicaciones y no los conductores, como se contemplaba originalmente. De esta manera, el Estado municipal no tendrá conocimiento de la cantidad de choferes habilitados para prestar el servicio. De hecho, hasta ahora el proyecto se titulaba Registro de Prestadores de Transporte Privado de Personas mediante Plataformas Digitales. De ello también se desprende que no se impondrá un cupo para los conductores, como pretendían las entidades que representan a taxistas y remiseros.

Otro aspecto sustancial es que, según se desprende del texto normativo, los controles sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas a conductores y vehículos quedarán depositados principalmente en las propias aplicaciones y no en la autoridad municipal. El artículo 7 dispone que “las empresas de tecnología de movilidad serán responsables del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ordenanza respecto de los prestadores y vehículos que operaren a través de apps”.

Previamente, el artículo 4 establece las obligaciones para los choferes y el artículo 5 las correspondientes a los vehículos. Entre los requisitos para los conductores figura la obligación de contar con Licencia Nacional de Conducir profesional, en un cambio respecto del proyecto original de la Coalición Cívica que retoma un planteo impulsado por los taxistas.

Complementariamente, esa licencia deberá ser emitida por la Dirección General de Licencias de Conducir de General Pueyrredon, lo que implica un cierre a la posibilidad de que personas radicadas en otros distritos ofrezcan el servicio, algo que suele ocurrir especialmente durante la temporada de verano. El requisito supone un filtro más exigente que el simple domicilio en General Pueyrredon, ya que este último es un paso previo para tramitar la licencia.

En cuanto a los vehículos, el punto más controvertido es que se establece un límite de antigüedad de hasta 15 años desde la fecha de patentamiento. En paralelo, también se tratará un proyecto de la UCR para modificar este criterio en taxis y remiseros, para llevarlo de los actuales 10 años a 15, equiparando condiciones.

Además, deberán contar con Verificación Técnica Vehicular vigente, sin distinguirse una periodicidad específica, por lo que se presume que alcanzará con la revisión anual exigida a cualquier automóvil particular, en lugar de la semestral que deben cumplir taxis y remises. Asimismo, se obliga a contar con un seguro específico para aplicaciones de transporte.

Un punto novedoso es que los vehículos deberán exhibir en un lugar visible una identificación que permita reconocerlos como unidades afectadas a plataformas digitales de transporte. Los detalles quedarán definidos en la reglamentación, ya que la ordenanza no desarrolla de qué manera se implementará este requisito.

Finalmente, el proyecto que este martes obtendrá dictamen y que será tratado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del jueves establece un plazo de 90 días para que las empresas de tecnología se adecuen a los nuevos requerimientos.

La iniciativa tampoco desarrolla dos aspectos incorporados en la propuesta libertaria. Por un lado, no distingue qué tipos de vehículos podrán ser habilitados, por lo que implícitamente podrían operar motocicletas, a diferencia de la prohibición que proponía La Libertad Avanza.

Por otro, tampoco avanza sobre las obligaciones tributarias locales de las aplicaciones. Un informe previo del Ejecutivo había señalado que “todo lo relacionado con materia tributaria debe ajustarse a la normativa legal correspondiente”, por lo que se presume que las plataformas serán incorporadas a alguna de las categorías vigentes dentro de las ordenanzas Fiscal e Impositiva para tributar tasas municipales, como ocurre con cualquier otra actividad comercial desarrollada en el distrito.