Horror y conmoción: denunció a un cura por haberla obligado a abortar tras tener una relación durante años
El religioso había ocultado que estaba casado legalmente y que tenía un cargo eclesiástico.
Por Redacción 0223
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Una fuerte denuncia penal contra un diácono de la Iglesia Católica por violencia de género, manipulación y abortos forzados derivó en una inédita batalla judicial que llegó a la Corte Suprema de la Nación. La denunciante originaria de Mendoza expuso que mantuvo una relación de pareja durante más de una década con el religioso, quien utilizaba una identidad falsa como supuesto comerciante. Según consta en el expediente, el implicado ocultaba que estaba casado legalmente y que poseía un alto cargo eclesiástico.
La acusación formal detalla que el funcionario clerical abusó de su posición de poder y obligó a la víctima a abortar en dos oportunidades bajo situaciones de extrema vulnerabilidad. Al descubrirse la trama oculta en el año 2018, la damnificada se presentó ante el Arzobispado de Mendoza para exigir sanciones institucionales y el apartamiento inmediato del acusado. Sin embargo, la mujer manifestó que el proceso canónico interno estuvo caracterizado por el hermetismo y el maltrato psicológico.
Por qué la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema
La demanda civil contra la institución eclesiástica por daños y perjuicios derivados de la violencia de género institucional recibió fallos favorables en primera y segunda instancia. Pese a esto, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó la condena a principios de 2024 al considerar la problemática como una simple falta disciplinaria interna. Los magistrados provinciales determinaron que el secreto canónico no constituía un ilícito civil e impusieron las costas del juicio a la víctima.
Los representantes legales de la denunciante recurrieron de forma directa ante el máximo tribunal del país mediante un recurso de queja por denegación de justicia. El planteo federal argumenta la existencia de una gravedad institucional severa y la violación flagrante de tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres. La Corte Suprema nacional deberá emitir un veredicto definitivo sobre si la Iglesia debe responder civilmente por las acciones de sus miembros.
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