El STM pidió a la justicia laboral una medida cautelar para frenar los descuentos por paros

La batalla entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el gobierno de Guillermo Montenegro sumó un nuevo escenario, el judicial. Es que el gremio solicitó a la justicia laboral una medida cautelar para frenar y reintegrar los descuentos por paros y suspender los cambios en el régimen de presentismo. Y la dirigencia sindical no se quedó solo allí, sino que también querelló al propio intendente por “práctica desleal” y pidió una multa económica personal.

La demanda fue presentada el 26 de abril y recayó en el Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata, situación que tomó estado público en la asamblea general que el STM realizó este jueves, cuando fue informada a los afiliados. Como última novedad, este viernes el tribunal se declaró incompetente, al considerar que se encuentran en debate dos decretos municipales, por lo que derivó el expediente al fuero Contencioso Administrativo, siendo sorteado el titular del Juzgado 2, Marcelo Fernández.

En concreto, la demanda firmada por el secretario general Antonio Gilardi solicita una medida cautelar innovativa que suspenda los efectos del Decreto 813/24 que dispuso el descuento por los paros que los municipales llevaron adelante el 4, 5 y 6 de abril, y el Decreto 833/24 por el cual se modificó el régimen de presentismo, incorporando a las faltas por paros como motivo para la pérdida de una licencia con goce de sueldo de 5 días por cuatrimestre. El STM pide “retrotraer la situación jurídica al estado anterior a los actos antisindicales, hasta tanto se resuelva en definitiva la presente acción”, por lo que ello significaría que el Ejecutivo deposite los descuentos efectuados sobre los haberes de abril.

En la demanda de 13 fojas a la que accedió 0223, el sindicato remarca permanente que con los dos decretos el intendente Montenegro incursiona en una “conducta discriminatoria antisindical”, contrariando leyes provinciales y nacionales, las constituciones de la Provincia y Argentina, e incluso tratados internacionales. “Configura práctica desleal conforme dejan sin efecto -ilegítimamente- derechos laborales adquiridos de los trabajadores municipales, como represalia por su participación en medidas legítimas de acción sindical, discriminándolos por el ejercicio de los derechos sindicales tutelados por nuestro Ordenamiento Jurídico, violando además los Principios y la Esfera de la Libertad Sindical de nuestra Entidad Gremial”, indicó,

Explícitamente, el sindicato expuso que los dos actos administrativos son una represalia por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias, donde el gremio pide una recomposición salarial del 35%, frente al 10% que ofrece el Ejecutivo.

“De manera inconsulta y manifiestamente ilegítima descuenta el día de paro del 4 de abril de los docentes municipales que adhirieron al Paro Nacional decretado por CTERA, y el de los trabajadores municipales que adhirieron al paro dispuesto por nuestro gremio el día 5 del mismo mes, por el estancamiento de las negociaciones  paritarias”, explicó. “Se está así en una clara represalia y discriminación contra los trabajadores municipales y nuestro sindicato, por el ejercicio de su legítimo Derecho de Huelga, que integra además la Garantía de Libertad Sindical de nuestro gremio”, añadió.

Asimismo, en la demanda se busca aclarar que el régimen de presentismo que regía hasta abril no era un “premio”, como se indicó desde el gobierno, sino que en realidad se trató de una concesión que el gremio hizo en medio de la crisis de 2001. “Se modificó y sustituyó el pago del presentismo, que era de un 10% del salario del trabajador por una licencia de 5 días hábiles cada cuatro meses sin registrar inasistencias”, remarcó.

Tras insistir en que se trata de una “clara conducta antisindical”, el STM defendió el derecho que tienen los sindicatos de llevar adelante medidas de fuerza en el marco de una negociación paritaria. “la Libertad Sindical implica reconocer y garantizar el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones gremiales o sindicatos, negociar colectivamente, y recurrir a la huelga y otras medidas de acción directa en defensa de los derechos e intereses legítimos de sus representados”, planteó y retomó lo planteado por los arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. El primero “reconoce a los gremios el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga”, mientras que el segundo incorpora convenciones internacionales, como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Argentina.

Asimismo, el sindicato objetó la elevación del proyecto de ordenanza con el cual se busca declarar la “esencialidad” del empleo público municipal para prohibir los paros. Si bien aún no puede ser cuestionado judicialmente al no haber sido sancionado, el gremio afirmó que “nos encontramos claramente ante una conducta antisindical que avanza ilegítimamente sobre la esfera de derechos de nuestro sindicato, pretendiendo retrogradar, por decisiones administrativas unilaterales, situaciones jurídicas ya consolidadas en el ámbito laboral municipal”.

“Práctica desleal”

Además de solicitar la suspensión de los decretos en debate, el Sindicato de Trabajadores Municipales también pidió una sanción económica personal hacia el intendente Guillermo Montenegro, como así también para el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli. Si bien no se los nombra, la petición se orienta a “los funcionarios firmantes de las prácticas desleales denunciadas”. Precisamente, Montenegro y Martinelli son los únicos que con su firma rubricaron los Decretos 813/24 y 833/24.

La acusación apunta a la presunta “práctica desleal” en que habría incurrido el gobierno al haber tomado “represalias contra los trabajadores municipales en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindicales, practicándoles además un trato discriminatorio en razón del ejercicio de sus derechos sindicales”. Las posibles multas económicas a aplicar son aquellas contempladas en el art.55 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

En otro tramo, también cuestionó la falta de predisposición del gobierno en la negociación paritaria. “Se negocia de buena fe cuando no se defrauda y abusa de la confianza del otro, y cuando ambas partes colaboran para llegar a un acuerdo. En tal sentido deben considerarse de mala fe aquellos actos que implican, en los hechos, negarse a negociar o provocar dilaciones o cambios unilaterales que tiendan a obstruir el proceso de negociación, situación considerada como práctica desleal por el art. 53 inc. f) de la Ley 23.551”, remarcó.

“Evidentemente no hace a la buena fe lealtad, producir la alteración y regresión de situaciones jurídico laborales ya consolidadas, en el marco de una negociación colectiva, cambiando las circunstancias jurídicas previas, en perjuicio de los trabajadores y avanzando en la esfera de la Libertad Sindical”, concluyó al respecto.