El municipio presentará en la Justicia irregularidades de la gestión Pulti

Lo confirmó el secretario de Gobierno Alejandro Vicente. Llevarán los informes de Tribunal de Cuentas de la Provincia que tiene en su poder el titular de Hacienda José Cano para que se determine si se cometieron delitos. También enviarán al HCD el pedido de emergencia económica.

Cano y Vicente dieron detalles de la situación económico financiera del municipio y anticiparon que irán a la Justicia. Foto: 0223. 

16 de Diciembre de 2015 12:41

Por Redacción 0223

PARA 0223

Como había hecho el viernes último, el secretario de Hacienda José Cano recibió a los medios en su despacho. Esta vez, a su lado, se sentó el secretario de Gobierno Alejandro Vicente. Además de detallar los rojos financieros, este miércoles dieron un paso más: anunciaron que llevarán los informes del Tribunal de Cuentas a la Justicia para que se investigue la posible comisión de delitos durante la gestión de Gustavo Pulti

El primero en hablar fue Cano, quien confirmó que terminó la auditoría y que será elevada al Concejo Deliberante, junto con un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, aunque aclaró que esperarán a reunirse con las autoridades bonaerenses para conocer detalles de la iniciativa provincial que va en el mismo sentido. “Puede que solo tengamos que adherir a una eventual ley provincial o que hagamos nuestra propia ordenanza”, señaló.

Luego, Cano se refirió a las declaraciones del exsecretario de Hacienda, Daniel Pérez, quien había salido al cruce de las denuncias del funcionario arroyista. En ese sentido, el exconcejal mencionó que en todo lo que dijo en los últimos días “no hay ninguna expresión subjetiva, nada que no esté avalado documentalmente”.

A partir de allí, el funcionario dio una lista larga de lo que considera severas irregularidades. Entre ellos, mencionó que hubo dos cheques  rechazados por falta de fondos: uno del Enosur y otro del Emder. “Tenemos que salir al rescate porque esta situación puede complicar al funcionario de ley que acompaña la firma”, detalló Cano.

A su vez, dijo que la comuna debe “licencias no gozadas de 2014” por un monto que supera los 4 millones de pesos. Señaló que el martes hubo problemas con la provisión de nafta (por deuda de $2 millones) y también con la provisión de pan que hace el Gada ($3 millones).

“En total hay 816 proveedores a los cuales se les debe más de $200 millones de pesos”, puntualizó Cano.

Todo eso, explicó el secretario de Hacienda, está reflejado en un extenso informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Según Cano, hay varios puntos sobre los cuales se podría avanzar en una causa judicial contra la gestión saliente.

El primero es la malversación de fondos públicos, que implica técnicamente utilizar fondos para un destino distinto al que tenía asignado. En ese marco, dio ejemplos puntuales que e indicó que hubo malversación de fondos provinciales y municipales. Si bien aclaro que estaba amparado por una ley provincial, remarcó que la comuna no cumplió con los condicionamientos que la ley establecía para poder hacer ese uso discrecional. “Esa plata se usó para pagar sueldos y aguinaldos. Y no es un caso excepcional ni extraordinario”, señaló.

Por otro lado, según el funcionario actual, hubo malversación de fondos nacionales, “sin respaldo legal” para destinar esos fondos a otro destino. Y por último hubo retenciones de fondos indebidas, puntualmente en la realización de la última Expoindustria. “Los fondos recaudados allí no fueron ingresados a las arcas municipales”, remarcó Cano.

El secretario de Hacienda también denunció que se adelantaron tasas por más de 50 millones y cerca de 50% debían cobrarse en la actual gestión e irregularidades en las contrataciones de la Secretaría Privada del intendente Pulti.

A partir del minucioso informe detallado, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente señaló que como funcionarios públicos tienen la obligación de acudir a la Justicia. “Estos hechos deben ser analizados a la luz de las leyes”, dijo el funcionario.

Vicente aclaró que el municipio presentará la documentación para que la Justicia investigue sin imputar a nadie en particular. En ese contexto, será la fiscalía de Delitos Económicos la que deberá determinar si en los hechos mencionados se puede advertir la comisión de un delito (malversación de fondos o incumplimiento de los deberes de funcionario público, por ejemplo) o si son fallas técnicas o administrativas que se resuelven en un ámbito distinto al de la Justicia Penal.  

 

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