“Cambio, cambio”: la Justicia Federal procesó a 25 personas

Los acusan de integrar una asociación ilícita para cometer delitos contra el orden económico y financiero y la seguridad pública. Cuatro de ellos siguen detenidos.

25 de Octubre de 2016 22:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

Más de un mes después del comienzo de los allanamientos y operativos en casas de cambio y en la vía pública donde se realizaba la compra y venta de moneda extranjera, el Juez Federal Santiago Inchausti procesó a veinticinco personas. En su resolución los acusa –con distintos roles- de formar una asociación ilícita para cometer delitos contra el orden económico y financiero y la seguridad pública.

Cinco de las personas están además procesadas por el delito de intermediación financiera, y otras cinco por tenencia o portación de armas. Se dispuso además, el decomiso preventivo de los instrumentos utilizados para cometer los delitos y del producto de los mismos; y se destacó que uno de los objetivos de la asociación ilícita es el lavado de activos.

Según informa el sitio fiscales.gov.ar las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity/Intercambio, de las que quedaron cuatro, dos y tres personas procesadas respectivamente. Los allanamientos también se hicieron en “cuevas financieras” que funcionaban en la Galería Eves y el fondo de un polirrubro.

De los 25 procesados, a cuatro se les dictó la prisión preventiva hasta tanto efectivicen las cauciones personales por una suma de un millón de pesos; y sobre los bienes y dinero de todos los imputados se resolvió trabar embargos por entre 5 y 10 millones de pesos. Según la hipótesis fiscal, la organización contaba con la articulación de casas de cambio con “fachadas legales”, cuevas y “arbolitos”. Diez son personas que estaban dedicadas a la compra y venta de divisas extranjeras por fuera del mercado legal en la vía pública.

Para Inchausti se trató de un mecanismo aceitado y facilitado por el parapeto de simulaciones obtenidas fácilmente por quienes deberían hacer esfuerzos increíbles por alcanzar una situación de vulnerabilidad frente al sistema penal. “Nos encontramos ante crímenes de los denominados ‘de guante blanco’ donde quienes participan cuentan con todas las ventajas de aquella trama oscura para no ser descubiertos y para lograr la naturalización de situaciones que no hacen otra cosa que generar pobreza e inseguridad”, indicó la resolución.

Lo resuelto por el juez Inchausti respecto de la finalidad de la asociación ilícita, donde ubicó al delito del lavado de dinero, encuentra asidero en lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal: “Los imputados e imputadas han operado entre sí como una red, encontrándose relacionados/as unos/as con otros/as en forma de eslabones de un mismo mecanismo dirigido a realizar operaciones financieras marginales, en violación al orden económico y financiero, escenario permeable a maniobras de lavado de dinero proveniente de distintos delitos, tales como el narcotráfico, la trata de personas, la evasión impositiva, más allá de la circulación e inyección del producto de la actividad financiera marginal”.

De hecho, en el domicilio particular de uno de los imputados del Grupo Transcambio se encontró prueba que vincula a la firma con uno de los procesados de la causa por narcocriminalidad conocida como “Carbón Blanco”.

Una trama con historia

A través de la investigación desarrollada, se logró determinar que desde hace más de 20 años existen empresas establecidas en Mar del Plata que, bajo la apariencia de licitud del giro comercial consignado en su objeto social, han perpetrado múltiples maniobras ilícitas vinculadas con el mercado marginal de dinero.

Como se detalló en el pedido de procesamientos, las maniobras ilícitas desarrolladas por las personas imputadas en la causa han sido de toda índole: cambio marginal de divisas, captación de ahorros, descuentos de cheques, y egreso e ingreso de divisas del exterior por fuera del régimen legal, en algunos casos, hacia paraísos fiscales como Andorra.

Y esto, señaló la fiscal, ha tenido lugar bajo distintas modalidades: operando desde la misma empresa con “fachada legal”, operando a través de “cuevas financieras” de la propia empresa y/o de terceras personas; y utilizando “arbolitos”, algunos de los cuales se vinculaban en forma directa con los responsables y empleados de las personas jurídicas señaladas en esta causa y otros que eran dirigidos por otros “arbolitos” de mayor rango.

En este punto, la fiscal Laura Mazzaferri reparó en que “esta trama subterránea, paradójicamente desplegada a plena luz del día, ha sido posible por la connivencia policial para retirar al Estado del control y así, de la seguridad de los ciudadanos. Llamativamente, parte del desempeño del Estado fue sustituido por ‘seguridad privada’ sin control estatal, desempeñada por los propios arbolitos que cuidaban el dinero negro con armas negras”.