Procesaron con prisión preventiva a 9 exagentes de inteligencia por delitos de lesa humanidad

El Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, decretó los procesamientos con prisión preventiva de personas imputadas por delitos de lesa humanidad, que revistieron cargos en el Ejército Argentino, más específicamente en el área de inteligencia. También les fijó un embargo de tres millones de pesos. 

El magistrado dictó la resolución en el marco de la causa nº 5.664 (y sus conexas), caratulada “Subzona 1/15 s/ privación ilegal de la libertad”, en la que se investigan los procedimientos de secuestro de personas en el territorio que abarcó la Subzona 15 que comprendía las localidades de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano.

De esta manera, se dictó procesamiento con prisión preventiva contra Carlos Alberto Suárez, Hugo Ernesto Pabon, Emilio Guillermo Nani,  Rubén Enrique Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese y Enrique Horacio Capella.

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Uno de los procesados, Enrique Horacio Capella, es funcionario municipal en la localidad entrerriana de Diamante. En concreto, hasta su detención, el excoronel retirado se desempeñó como Fiscal de Faltas de esa comuna, cargo que le designó en el 2016 el intendente de Cambiemos, Lénico Aranda.

Se los acusa de haber integrado una asociación ilícita y de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado

También se dispusieron los procesamientos de Jorge De Malmayne Duppa, Julio Efraín Irizarri y Juan Ramón Goicochea por considerarlos miembros de la asociación ilícita. Además, se les ordenó el pago de una caución personal, la que una vez cumplida, permitirá que ambos recuperen la libertad.