Causa CNU: organismos de DDHH reclaman que los condenados cumplan la pena en la cárcel

Una resolución de la Cámara de Casación Penal abre la puerta a que los condenados se beneficien con la prisión domiciliaria e, incluso, recuperen la libertad. Alerta entre familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Alerta entre familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Foto: archivo 0223

14 de Julio de 2023 11:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

A ocho años de que por primera vez la justicia juzgara y condenara a diez civiles y un militar retirado que integraban la CNU y fueron acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los primeros años de la década del ‘70, una resolución de la Cámara de Casación Penal abre la puerta a que los condenados se beneficien con la prisión domiciliaria e, incluso, recuperen la libertad. 

La novedad generó profunda preocupación entre los organismos de derechos humanos que fueron querellantes en las causas CNU y CNU II, en la que se se abordó el funcionamiento  de la organización de ultraderecha que operaba en Mar del Plata y La Plata como brazo armado de la Triple A y que entre el el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976 asesinó a al menos ocho personas. 

Según revelaron este viernes, la resolución de la Sala II que integran los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, establece que no hubo asociación ilícita, a contramano de lo que había dictaminado el Tribunal Penal Federal de Mar del Plata. Si bien la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, en calidad de querellantes en la causa, recurrió la sentencia, la falta de respuestas hasta el momento los llevó a presentarse en queja ante la Corte Suprema de Justicia.

“Después de largas idas y vueltas con el tribunal de Casación y la Corte de Nación, se logró revertir una situación que se daba con uno de los imputados, Fernando Otero, uno de los verdugos que integraban los grupos operativos de la CNU y que participó de la noche del "5x1", entre otros hechos. Se lo había imputado por la desaparición y crimen de María del Carmen Maggi, de la que se lo absolvió y ahora estamos en la Corte discutiendo eso. Lo que planteaba Otero era tratar de obtener beneficios en función de una condena anterior que había tenido en una causa en San Juan por el homicidio del diputado Rojas. Él quería tomar todos los beneficios por lo que había pagado en aquella causa en la que fue condenado a prisión perpetua; es decir, unificar la condena y en función de eso obtener la libertad”, precisó el abogado querellantes César Sivo

Alerta entre familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Foto: archivo 0223

"A partir de esto -agregó-, se llegó entonces a un nuevo planteo para decir 'no' a esa unificación y que Fernando Otero volviera a estar detenido (había sido liberado con esa unificación que había pretendido), para empezar a cumplir entonces prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia, pero en función de 25 años de los cuales lleva sólo 6". 

Para Sivo, "esto es relevante porque marca, entre otras cosas, que para este tipo de delitos hay ciertos beneficios que no corresponden". "Lo que marcó la Corte, y esto me parece que es muy importante señalarlo, es que los que quisieron garantizarse la impunidad no se pueden beneficiar con las normas penales jugando con esta idea de decir: 'como unos hechos eran del '75 y los otros eran del 77, si me hubieran juzgado a tiempo, habría tenido una unificación", indicó. 

En ese sentido, el abogado hizo hincapié en que si a los acusados "no se los juzgó a tiempo es porque buscaron garantizarse la impunidad". "En el primer momento, con las leyes de impunidad obtenidas mediante presión, y después, en el caso de Otero, con la fuga. Es decir, primero generaron las leyes para mantener la impunidad y no poder ser juzgados, y después se escaparon. Entonces,  hicieron todo eso para garantizar la impunidad y ahora quieren tomar el premio de tener un hecho contemporáneo o cercano en el tiempo, buscar una unificación y decir que ya está cumplido", completó. Y aseveró: "Estos beneficios no corresponden porque son delitos de lesa humanidad".

Por su parte, Carlos Díaz, presidente de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, aseguró que "en Mar del Plata hubo testigos de la causa CNU que fueron demandados civilmente por los genocidas, la única causa de delitos de lesa en la que ocurrió esta aberración".

"Nosotros hemos mantenido, a pesar de todo y contra todas las adversidades una coherencia y una perseverancia a la que no vamos a renunciar. La causa CNU, además de la demanda civil contra los testigos, es la única que hemos tenido en Mar del Plata y en la fueron amenazados y amedrentados abogados y fiscales. Esta gente es peligrosa, no puede andar por la calle", sostuvo.

"A nosotros nos falta alguien, un familiar. Y el amor a ese familiar y el amor con que ese familiar militaba es lo que a nosotros nos da la fuerza y la entereza para llevar esta lucha adelante", cerró
 

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