Anuncios en idiomas extranjeros: la increíble prohibición que rige desde la dictadura

En tiempos de globalización están por demás difundidos los avisos escritos en otros idiomas e incluso directamente los nombres de locales se suelen presentar en lenguas distintas al castellano. Pero por más increíble que parezca, la estrategia comercial está totalmente prohibida en General Pueyrredon, siempre teniendo en cuenta lo que establecen las normativas locales.

Lo más extraño aún es que la restricción fue impuesta durante la última dictadura militar en 1979 y 45 años aún sigue vigente, sin ser corregida durante los 41 años de gobiernos democráticos. Y la prohibición no solo alcanza a los idiomas extranjeros, sino también a otras formas del uso del castellano.

La normativa fue establecida durante el gobierno municipal del entonces comisionado Mario Russak, designado a dedo por el gobernador de facto Ibérico Saint-Jean, procesado por crímenes de lesa humanidad al momento de fallecer en 2012. Con el Concejo Deliberante cerrado desde el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Ordenanza 4.544 que estableció el “Régimen de Penalidades por Faltas”, que entró en vigencia con la sola firma de Russak, luego elegido en 1991 intendente en democracia cuando se candidateó por la Ucedé.

En el título donde se establecen las “contravenciones a la moral y las buenas costumbres”, el Artículo 143° aún vigente sin modificaciones desde entonces determina la prohibición de la “fijación de anuncios que contuvieran errores gramaticales, palabras que no correspondan al uso normal del idioma, vocablos o frases de mal gusto, palabras que no sean acompañadas de su traducción al castellano en lugar visible, términos ofensivos para una religión, país, sociedad o personaje público nacional o internacional, contemporáneo o no”. Además, “tales anuncios serán decomisadas e inutilizados”.

Las penas que deberán afrontar quienes no respetan la inusual disposición enfrentarán multas económicas que, a valores actuales, van de los $ 56 mil a los $11 millones, inhabilitación comercial de hasta 30 días e incluso una pena de arresto de hasta 20 días. Una lógica punitivista propia de tiempos dictatoriales, pero complejo de entender cómo sigue vigente a la echa, pese a que en los hechos la prohibición no tiene efectos y mucho menos las penas previstas para infractores.